Desmontar la estructura del «procés» en cuatro folios

El Gobierno suprime las «embajadas» y organismos del Govern dirigidos a promover la desconexión.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 10 de mayo de 2017 estipuló que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no puede ostentar y ejercer potestades de las que carece, tales como la creación de sus propias «estructuras de Estado» o regular un llamado «proceso de Transición Nacional» por excederse de lo que jurídica y constitucionalmente le corresponde de acuerdo a su régimen de Comunidad Autónoma. Por ello y en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno procedió ayer a la supresión de aquellos órganos que resultan innecesarios o que fueron creados con la única finalidad de responder al desarrollo del proceso secesionista. No se suprimen, sin embargo, aquellos vinculados a leyes que se encuentran actualmente impugnadas ante el Tribunal Constitucional, estando pendiente su pronunciamiento. Entre estas estructuras duplicadas se encuentran la red de embajadas en el exterior que la Generalitat puso en marcha para la internacionalización del «procés», así como otras estructuras que se detallan a continuación.

Oficinas y Consejo Asesor de la Transición Nacional

El BOE publicó ayer los decretos gubernamentales que desarrollan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre los que se incluye la destitución de todo el Govern y los cargos de confianza adscritos al cesado ex presidente de la Generalitat y sus consellers. Además, se suprimen las oficinas de Presidencia y Vicepresidencia creadas en 2016 y 2017, respectivamente, en base a la reestructuración de sendos departamentos. También se acaba con el Consejo Asesor para la Transición Nacional –ahora llamado Instituto de Estudios de Autogobierno–, un órgano creado por Artur Mas para pilotar con éxito el proceso de secesión sin incurrir en ilegalidades ni en perjuicios para la sociedad catalana.

Comisión contra las cargas policiales el 1-O

Asimismo, se pone fin a la recientemente constituida Comisión especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña, creada el 2 de octubre para analizar los hechos ocurridos durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O en el que se produjeron cargas policiales.

Embajadas y Diplocat

En base a la potestad de «modificación de los departamentos, de las estructuras orgánicas y de los organismos, entes y entidades vinculados o dependientes de la Generalitat de Cataluña», el Gobierno extingue el Diplocat (Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña), el organismo creado para proyectar la imagen de Cataluña en el exterior y que intentó sin éxito ser reconocido como observador internacional por la ONU. También se suprimen las «embajadas» o delegaciones del Gobierno de la Generalitat en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Marruecos, la Santa Sede, Portugal, Dinamarca, Polonia, Croacia y ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena. Del mismo modo se cesa a Ferran Mascarell i Canalda como delegado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, y a Amadeu Altafaj i Tardio como representante Permanente ante la Unión Europea.

Servicios mínimos

El sindicato Intersindical CSC tiene intención de convocar una huelga general de 10 días en Cataluña del 30 de octubre al jueves 9 de noviembre, en protesta por la intervención de la autonomía. En caso de que dichos paros prosperen y también vía BOE el Gobierno asume la potestad de fijar los servicios mínimos para la huelga general. En este caso, el Gobierno se limita a publicar el decreto aprobado por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña que marcaba esos servicios mínimos y que no había podido publicar por la intervención decretada por el Ejecutivo.

Como dato curioso, que da idea de la gravedad de la situación, cabe destacar que el Gobierno ha eludido incluir en los reales decretos de cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de consejeros catalanes de su Govern la frase habitual en estos casos en la que se agradece a los destituidos los «servicios prestados».