Detenido el delegado del Gobierno en Valencia por adjudicaciones irregulares

Siete de la mañana. Miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llaman al timbre de la vivienda del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano. Así se daba ayer el pistoletazo de salida a una operación dirigida desde el Juzgado de instrucción número uno de Sagunto (Valencia), por supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana.

La Policía estuvo toda la mañana en su vivienda registrando documentación que extrajeron en cajas, hasta que poco antes de las dos de la tarde salió detenido en un coche custodiado por varios policías. Es muy posible que en las cajas sustrajeran también el ordenador del que fuera secretario general del PPCV.

Sobre las 13:30 horas habían abandonado la vivienda la titular del Juzgado número 1 de Sagunto y el secretario junto al fiscal Anticorrupción Vicente Torres, quien señaló a los periodistas congregados en las puertas de la vivienda que no tenían intención de volver, pero que todavía quedaba trabajo por hacer en el interior de la casa.

La misma operación se produjo en la Conselleria de Gobernación y Justicia, donde los agentes reclamaron todos los archivos correspondientes a este mismo periodo (entre 2007 y 2014), y les fueron entregados.

Fuentes de este Departamento explicaron que, casualmente, hoy a las 8:30 de la mañana una furgoneta de la Generalitat iba a dar traslado a unos expedientes al archivo situado en la localidad de Ribarroja del Túria, por falta de espacio. Cuando esto sucede, el protocolo marca que la noche anterior se desactiven las alarmas para que el vehículo no tenga problemas a la hora de acceder al recinto. Por ese motivo, y por ningún otro, se habían desactivado los dispositivos.

Gobernación desmentía así unas informaciones que señalaban un posible «chivatazo» sobre la investigación, motivo por el cual presentó una demanda contra el medio.

Esta Conselleria no fue la única en la que se reclamó documentación. La Policía Judicial se personó también en el Departamento de Infraestructuras y se llevó dos expedientes urbanísticos correspondientes a operaciones anteriores a 2007 y relacionados con la comarca del Camp de Morvedre. Los agentes preguntaron por estos dos expedientes concretos. Un funcionario los acompañó a la Delegación territorial donde se encontraban los documentos, que fueron facilitados a los agentes.

La Conselleria de Sanidad, que Castellano ocupó desde el año 2000 hasta 2003, fue también otra de las sedes en las que la Policía se personó, ya por la tarde, para reclamar también diversos expedientes.

Poco antes de las siete de la tarde Castellano llegó esposado a los juzgados de Sagunto para prestar declaración. Allí recibió abucheos y gritos de varias personas que se agolparon en las inmediaciones. El ex conseller y ex secretario general del PPCV llegó en un coche policial acompañado por tres agentes y recorrió los escasos metros que le separaban de la entrada judicial cabizbajo, en mangas de camisa y sin gafas.

Junto a Castellano, ocho personas más fueron detenidas, una de ellas el alcalde de Quartell en funciones (PP), Francisco Huguet, quien fue puesto en libertad y sin fianza poco antes de las cinco de la tarde. A su salida, Huguet insistió en que no podía hablar por haberse decretado secreta la causa y lamentó el daño que esta detención ha causado a su imagen. Junto a él, uno de sus concejales, Emilio Máñez, también fue arrestado.

Esta actuación policial está motivada por la investigación llevada a cabo desde octubre por la adjudicación de un contrato para la extinción de incendios superior a los 30 millones de euros a la empresa Avialsa, de la que existe sospecha de haber realizado regalos a Castellano.

La causa, en la que se investigan delitos de prevaricación y malversación, se originó por la denuncia del ex gerente de la citada empresa, en la que se reflejaban la existencia de irregularidades en la contratación de servicios.

Aunque el caso de supuestas contrataciones irregulares comenzó a investigarse hace algo más de medio año, ya en 2013 Castellano tuvo que pronunciarse sobre este asunto, tras informaciones publicadas sobre una cacería de patos junto al presidente de Avialsa. Dijo entonces que averiguaría por qué Avialsa T-35 tenía la factura del rifle y defendió que la pagó él y nadie se la regaló. Además, aseguró que Avialsa lleva gestionando los aviones de extinción de incendios con todos los gobiernos.

Castellano fue puesto en libertad provisional casi a las ocho de la tarde, con retirada de pasaporte y obligación de comparecencia ante la autoridad judicial cuantas veces sea requerido.