Moncloa recuerda que los presos pueden presentarse a las elecciones

Sin sentencia firme no estarán inhabilitados y destaca que la Justicia «está al margen de la política».

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dejó ayer un mensaje de respeto a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ante su decisión de decretar la prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y la plana mayor de su Gobierno secesionista cesado. La magistrada también ha gestionado la euroorden para el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y para los cuatro miembros del depuesto Govern que le acompañan en su estrategia de embarrar y retrasar el procedimiento judicial.

A la magistrada de la Audiencia se la ha colocado en el centro de la polémica. El independentismo utiliza la pancarta de que Junqueras y los suyos son «presos políticos». Y de este guión se han hecho también eco voces políticas y de otros ámbitos con el argumento de que la decisión judicial no es oportuna no porque no sea justa, sino porque puede condicionar el clima de las elecciones del 21-D. En este contexto, el Gobierno levantó ayer la voz, pero para pedir respeto a la decisión de la juez y advertir de que la independencia judicial está por encima de criterios y valoraciones de carácter político. Si las decisiones de la magistrada benefician o perjudican al independentismo no son criterios que cuenten a efectos de respetar una decisión judicial, avisan en Moncloa. La Justicia está para hacer justicia, y tiene que actuar según sus tiempos y no según los tiempos de determinados intereses políticos, subrayó ayer el ministro portavoz. El Gobierno se desliga de las decisiones judiciales, pero las acata y las respeta. Aunque les preocupen los problemas de orden público y que las elecciones dejen otra mayoría independentista que prometa seguir en el monte. Nadie niega que el escenario político y social vuelve a complicarse, «aunque habrá que ver cuánta resistencia tiene la agitación».

A nadie se le escapa que la situación judicial del Gobierno de la Generalitat cesado va a ser utilizada por el independentismo para recuperar el aire perdido en las últimas semanas, sobre todo ante el desconcierto que les supuso la aplicación mínima del artículo 155. El portavoz destacó de nuevo la «normalidad» en su aplicación, en base a un informe de palabra que había presentado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el Consejo de Ministros, en su condición de coordinadora de la gestión desde Madrid de la Generalitat. Una «normalidad» que en las últimas horas se ha visto golpeada por la movilización independentista contra las decisiones judiciales que afectan al Govern cesado. Pero una cosa es la calle, y otra, hasta hora, el funcionamiento administrativo, y sobre este último no ha habido incidentes importantes y los Mossos, que eran la pieza clave del puzzle, están también actuando dentro de sus competencias y con respeto a la legalidad. Ante las maniobras secesionistas para volver a calentar la calle, desde el Ejecutivo responden con el mensaje de que lo que hay ahora en juego son unas elecciones, democráticas, en las que pueden y deben participar todas las opciones políticas, también los independentistas, y que se van a celebrar con todas las garantías para todos los partidos, a diferencia del referéndum ilegal. «Deben servir para poner fin a una etapa de deterioro de la convivencia, dar estabilidad a Cataluña y evitar las consecuencias económicas de la situación anterior», incidió Méndez de Vigo. Quien también apuntó, por cierto, que los encarcelados tienen todo el derecho a presentarse a las elecciones. «Mientras no exista condena firme, todo el mundo tiene sus derechos civiles intactos para presentarse», la democracia funciona y son los catalanes «los que tienen que juzgar el callejón sin salida al que se les ha llevado».

El ministro dejó un recado al huido Puigdemont con la advertencia de que existen instrumentos judiciales en la UE para evitar que alguien se sustraiga a la acción de la Justicia. «España es un Estado de Derecho y nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia ni tampoco de la Justicia internacional».