La Asociación de Fiscales (AF) considera un "nuevo e indignante error" que Álvaro García Ortiz insista en no dimitir tras ser citado como investigado por el Tribunal Supremo (TS) por la revelación de datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. El principal colectivo de la carrera asegura que no renunciar al cargo "compromete el prestigio de todos".

"¿Dónde vamos a parar?", se pregunta en un comunicado la Comisión Ejecutiva de la AF. "¿Es asumible la imagen de la persona que dirige el Ministerio Fiscal entrando como investigado en la sede del Tribunal Supremo?".

La asociación mayoritaria precisa que "no es la institución la que es objeto de investigación", sino que esta recae sobre el fiscal general del Estado y el resto de imputados. Pero deja claro que "`presentarse a esa declaración manteniéndose en el cargo es una opción que arrastrará con él la reputación de todos cuantos a diario y vocacionalmente representamos al Ministerio Fiscal".

"Desde que el fiscal general comprometió la imparcialidad de la institución al alimentar un debate partidista ajeno -recuerda la AF- hemos presenciado que el Tribunal Supremo ha dirigido un procedimiento penal frente a su persona" y "la entrada y registro en la sede de todos los fiscales". Asimismo, añade, en el seno del procedimiento se ha conocido "un informe crítico elaborado por la Abogacía del Estado en defensa de Álvaro García Ortiz contra la UCO, unidad en la que con frecuencia y confianza basamos nuestra labor en procesos penales complejos", así como "el borrado de datos aduciendo un protocolo que nada tiene que ver con la alegación divulgada" (en referencia al hecho de que el fiscal general borrase sus mensajes escudándose en un protocolo de protección de datos que la fiscal superior de Madrid y el fiscal que investiga a González Amador han negado). Como también, señala, "el cambio de terminal telefónico tras la apertura de la investigación", "la descarga de la responsabilidad en un número elevado de nuestros compañeros" o el hecho de que en el procedimiento que se dirige contra García Ortiz la Fiscalía esté representada por "quien asume el puesto inmediatamente subordinado". Se trata, se queja, de hechos "de una importantísima y escandalosa trascendencia".

Mientras tanto -añade la Asociación de Fiscales- "tenemos que soportar declaraciones, cada vez más frecuentes, desde el Gobierno de la nación y desde otros ámbitos políticos y profesionales profiriendo ataques injustificables al Poder judicial, pilar esencial del Estado de derecho, a todos cuantos en nuestras respectivas profesiones lo formamos y tenemos encomendada la persecución de los delitos y muy especialmente a los jueces que intervienen en los procedimientos molestos al Ejecutivo".

"A estas alturas, nadie puede dudar, tampoco en la Fiscalía General del Estado, de que se han cometido demasiados errores que han dejado como resultado varios hitos imperdonables de extraordinaria importancia, que tardaremos mucho en olvidar", hace hincapié la Asociación de Fiscales.

Para la asociación que preside Cristina Dexeus, al mantenerse en el cargo García Ortiz "no sirve de parapeto" a la institución que dirige, sino a "un órgano del que debemos ser independientes, el Gobierno".