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Cataluña

Educación recibe 322 peticiones en Cataluña para estudiar en castellano

Convivencia Cívica alerta de «presiones y amenazas» a directores y familias

Educación recibe 322 peticiones en Cataluña para estudiar en castellano
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Un total de 322 familias que residen en Cataluña han solicitado al Ministerio de Educación la escolarización en castellano como lengua vehicular para sus hijos en los primeros cuatro meses de curso escolar, según las últimas cifras que maneja el Ministerio. Estas 322 familias han acudido a la vía «excepcional» que aprobó por decreto el Gobierno el 11 de julio de 2014 para ver así garantizado su derecho. La solicitud la han remitido por vía telemática, ya que el modelo de solicitud se encuentra en la página web del Ministerio, aunque también se puede rellenar en las oficinas de atención al ciudadano y en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas con lengua cooficial.

Esta circunstancia da vía libre a los solicitantes a matricular a sus hijos en centros privados en los que sí se garantice el modelo mixto, si no hay centro público que lo imparta. El mecanismo regulado establece que sean los padres los que desembolsen en un primer momento las cuotas mensuales y que luego sea el Ministerio de Educación el que abone a las familias el importe no sólo del coste de la escolarización, sino también de otros gastos ligados a ella, como el de matrícula o servicios complementarios de transporte escolar, comedor o de internado, si fuera necesario. Acto seguido, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, retendrá a Cataluña de la partida correspondiente de financiación autonómica del coste de la educación en castellano. El Ministerio informó ayer de que «todas estas solicitudes están en fase de comprobación por la Alta Inspección», que ya ha pedido explicaciones a la Administración educativa catalana sobre la oferta de centros que educan en castellano.

Educación ya había previsto la posibilidad de tener que pagar la educación en castellano en Cataluña en centros privados y presupuestó un fondo de cinco millones de euros para este fin nada más aprobar el decreto. Estima que el coste por alumno está establecido en 6.057 euros anuales, con lo que ese fondo cubriría, de momento, el coste de la escolarización de todos estos alumnos.

El decreto prevé que las familias reciban respuesta, como máximo, en seis meses. Ayer, el Ministerio volvió a instar a la Generalitat a que cumpla con la Constitución y con las reiteradas sentencias que garantizan la educación en castellano como lengua vehicular.

Convivencia Cívica Catalana cree que el número de solicitantes se multiplicaría por cien de no ser por las «presiones que están recibiendo directores de colegios concertados religiosos a los que la Generalitat amenaza con quitarles la subvención si los padres de su centro escolar no retiran la solicitud de educación bilingüe en castellano». Su presidente, Francisco Caja, alertó de que «se está produciendo una persecución a las familias y algunas han optado por retirar su petición para evitar enemistarse con la dirección del centro y que su hijo quede “marcado”», una actitud que tachó de «intolerable y fascista». Para evitar esta circunstancia, el presidente de Convivencia Cívica propone que las solicitudes sean anónimas y que sea el Ministerio de Educación el que exija a la Consellería de Ensenyament que se facilite la educación en castellano en un determinado centro sin necesidad de dar nombres y apellidos del alumno.

El último revés que ha sufrido la administración catalana en lo que al castellano se refiere es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de hace tan sólo unos días, que obliga a indemnizar a una familia con 3.000 euros por no escolarizar en castellano a su hija. La sentencia ha sido calificada por el ministro como «muy importante». «En determinadas responsabilidades hay que aplicarse el dicho popular de no alegrarse con la pascua y entristecerse con la Semana Santa, pero lo que el TSJC ha determinado es que la aplicación a ultranza y desoyendo autos y sentencias judiciales de familias que solicitaron el castellano como lengua vehicular vulnera un derecho y supone un daño al estudiante», dijo ayer en una entrevista a RNE.

En Educación Primaria, los alumnos catalanes solamente reciben dos horas en castellano a la semana: en la asignatura de Lengua Española y Literatura; mientras que en Educación Infantil, la totalidad de las áreas de aprendizaje se imparten en catalán, a pesar de que es en esta etapa en la que se sientan las bases de la lectoescritura.