El 82 % de los concejales trabajará sin cobrar

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy que el 82 por ciento de los concejales realizarán su actividad sin cobrar, es decir, que del total de concejales (68.285), sólo 12.188 tendrán remuneración.

La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Lo ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20 por ciento de esa cantidad.

Así se fija en el informe sobre esta reforma revisado hoy por el Consejo de Ministros. El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo.

A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.

La norma contendrá también importantes novedades para la vida municipal, como una limitación en el salario de sus funcionarios, fijada cada año en los Presupuestos del Estado, o el regreso de interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal.

Además, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se trata de una "ley clave"para la racionalización de la estructura del Estado y para la sostenibilidad de las cuentas municipales.

En esta norma, ha continuado la vicepresidenta, el Gobierno persigue clarificar competencias y fijar las que tiene que hacer cada administración, además de evitar duplicidades.