El abogado de Pujol Jr. pudo asistir a la declaración de la ex novia de su cliente

La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola terminó ayer su declaración en la Audiencia Nacional llorando. El juez Pablo Ruz la había citado a regañadientes para escuchar su denuncia contra el hijo del ex presidente de la Generalitat por un supuesto delito de blanqueo. Además del magistrado, escucharon su testimonio la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y el abogado de Jordi Pujol junior, Javier Melero. Pese a que no está imputado en el procedimiento, a la defensa del hijo del ex presidente de la Generalitat se le notificó la fecha señalada para la declaración por si su representación letrada quería personarse en la misma para ejercer su derecho de defensa, como finalmente hizo.

Fuentes jurídicas expresaron ayer su sorpresa por este hecho. «Si no está imputado, no tiene por qué estar presente su abogado en la declaración. Es darle ventaja en el proceso. No tiene ningún sentido que esté ahí para escuchar lo que dice la denunciante. Es de libro», insisten.

Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional defienden que la mera condición de denunciado del primogénito del matrimonio Pujol-Ferrusola justifica, una vez abiertas las diligencias, que se le hiciera el ofrecimiento de personarse en la declaración «dado que se trata de alguien a quien se está imputando un delito». Y esgrimen el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que «toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia».

Mochila con billetes de 500

Según esas mismas fuentes, Ruz entiende que esa es «la interpretación más garantista» teniendo en cuenta que la propia Sala mencionó al hijo de Pujol «con nombres y apellidos y le vincula con determinados delitos», que la Policía no ha pedido para la denunciante la condición de testigo protegida y que «las diligencias no están secretas». «Con la ley en la mano, el juez cree que eso es lo que había que hacer para garantizar su derecho de defensa», concluyen.

En la hora y media que duró su comparecencia, a María Victoria Álvarez le dio tiempo a reiterar todo lo que ya escuchó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía el pasado diciembre: que acompañó a Andorra al hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola con una mochila llena de billetes de 500 euros; que viajó con él a Londres con el objetivo de invertir en una empresa de telecomunicaciones, ciudad en la que el denunciado se habría reunido con una persona especializada en blanquear dinero en las Islas del Canal que «llevaba muchos negocios a su familia»... Esos viajes que ambos habrían realizado juntos, según su testimonio entre 2006 y 2008, incluirían también desplazamientos a México –para negocios relacionados con la gestión de casinos y la construcción de un hotel– y a Argentina, para invertir en el Puerto del Rosario.

Tras escuchar su testimonio, el magistrado dictó una providencia en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos y, en ese caso, qué diligencias propone al respecto. Con ese informe en la mano, el juez Ruz decidirá si archiva las diligencias previas o las remite de nuevo al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que también investiga una denuncia del ex empresario Javier de la Rosa en relación a supuestas cuentas del clan Pujol en paraísos fiscales. Las fuentes consultadas apuntan que la denuncia tiene visos de no prosperar y que Ruz podría archivar la causa ante la inconsistencia del testimonio de Álvarez, quien –según esas mismas fuentes– habría remitido incluso diversos sms a Pujol Ferrusola tras su denuncia policial.

El juez Ruz citó a la mujer después de que un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le instara a hacerlo ante las «obvias imputaciones delictivas al señor Pujol Ferrusola y a miembros de su familia». Y para decidir «la continuación de las diligencias penales incoada» o constatar el «desvanecimiento de la significación penal de los hechos denunciados».