El aborto: la promesa incumplida

«Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada». Así se llamaba uno de los proyectos estrella del programa con el que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en 2011, que resultó finalmente uno de los mayores fracasos e incumplientos de un Gobierno de España, que retiró el anteproyecto que había sido aprobado el Consejo de Ministros y dictaminado por los órganos consultivos. Una decisión tomada con el único argumento de intereses electorales que tampoco están muy claros. «Éstos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros», que diría Groucho Marx.

Las explicaciones tampoco convencieron, pues la manida falta de consenso, proclamada para la ocasión, no fue impedimento para cuestiones también importantes como la reforma laboral o la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que lideró el ministro José Ignacio Wert.

Tan sonada e inusitada fue la decisión de Rajoy, auspiciada por su consejero Arriola, que provocó la dimisión por coherencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, auténtico muñidor de la reforma, y que llegó a afirmar casi dos meses después de su marcha que le daban igual los motivos por los que se habíra retirado la ley, pero que le daba «asco».

El ex ministro había planteado un proyecto legislativo en coherencia con la batalla que el Partido Popular había ofrecido en la calle y en la política contra la legislación aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permite a las mujeres abortar sin aducir motivo alguno hasta la semana 14 de gestación o en caso de malformación o peligro para la salud de la madre hasta la 22. En la denominada Ley Aído, en vigor, las menores de 16 y 17 años pueden no informar a sus padres de que van a poner fin a un embarazo.

La «ley Gallardón» hacía una propuesta en sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional, en la que no se reconocía el aborto como derecho y se estipulaban una serie de supuestos por los que una mujer podía acceder a una intervención de estas características. Solamente se podría abortar si la mujer haya sufrido una violación o suponga «un menoscabo importante y duradero» para la salud física y psíquica de la mujer. En el primer caso, se establecía un plazo de 12 semanas y en el segundo de 22. Uno de los puntos más conflictivos fue la restricción del aborto por malformaciones o discapacidad, que generó malestar entre algunos barones del PP y que llevó al ex ministro Ruiz-Gallardón a decir que se trataba de la reforma más progresista, aunque luego admitiría «cambios no sustanciales».

Además, se reconocía el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la Sanidad y se eliminaba la posibilidad de que las menores abortaran sin el conocimiento de sus padres. El proyecto recogía incluso que las mujeres que se sometieran a un aborto fuera de los cauces legales no tendrían responsabilidad penal alguna.

Pero no, Rajoy decidió hacer suya la ley de Bibiana Aído en aras de un supuesto mayor éxito electoral y sin tener en cuenta que el programa que incluía la modificación de la actual legislación sí recibió ese éxito aplastante en las urnas. También fue en contra el criterio del grupo parlamentario que le sustenta en el Gobierno y que, en una votación secreta, le había instando a continuar por el camino de la defensa de la vida. Y contra su propio criterio, pues a día de hoy, el Partido Popular, que el preside, mantiene un recurso contra la ley actual en el Constitucional.

Y, por todas estas incoherencias, miles de personas –entre ellas, dirigentes del Partido Popular como Ana Botella– salieron a calle en una gran manifestación a favor de la vida convocada por el Foro de la Familia, en la que se le brindó al presidente del Gobierno una oportunidad para rectificar. Si no lo hace, habrá más movilizaciones y la posibilidad de que, cuando lleguen las elecciones generales, las asociaciones provida pidan que no se vote al Partido Popular. «Le saldrá mal», dijo a este periódico Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, reflejando el sentir de muchos ciudadanos españoles que han dado su confianza al Gobierno, han sufrido la crisis y ahora se encuentran con una renuncia en la batalla de las ideas y los valores.

A día de hoy, ni siquiera se han aprobado los anunciados cambios que deben evitar que la menores de 16 y 17 años que quieran abortar puedan hacerlo sin contar con sus padres. Se retrasa sine die como se retrasó en su momento el proyecto desechado. Veremos.