«El archivo de la causa contra Zapata abre la veda al insulto a las víctimas»

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, insta al juez Pedraz a tomar declaración al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, después de que decidiera archivar directamente la querella.

Si hay alguien que se encuentra realmente contrariado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar directamente la querella contra el concejal de Ahora Madrid del consistorio madrileño Guillermo Zapata, por sus tuits sobre Irene Villa,es Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), personada en la causa, e hijo de quien era fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA. DyJ, al igual que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, recurrirá directamente ante la Sala de lo Penal para solicitar que revoque el auto del magistrado, y le obligue, al menos, a tomar declaración al edil Zapata.

En opinión de Portero, la resolución del magistrado ha sido «muy precipitada, pues tenía al menos que haber esperado a la declaración de Guillermo Zapata, para después sacar sus conclusiones», ya que, asegura al respecto, «parece que el juez ha hablado en nombre del imputado, sobre sus intenciones, cuando realmente no ha declarado» y, por consiguiente, dice Portero, «no puede conocer ni averiguar las intenciones de Zapata» cuando difundió esos tuits sin antes tomarle declaración.

Con independencia de ello, considera que Pedraz no ha tenido en cuenta que cuando se tipificó el artículo 578 del Código Penal –el que castiga la conducta del menosprecio y humillación a las víctimas– lo que se pretendía era defender la dignidad del conjunto de las víctimas del terrorismo, toda vez que el derecho individual se defiende por el derecho a la protección al honor. «De lo que se trata es de no volver a victimizar a las víctimas y a sus familiares, y me parece que el juez Pedraz no ha tenido en cuenta ese concepto inicial, que es mucho más plural, y no tan singular, como es la figura de Irene Villa», quien expresó que no se sentía humillada por el polémico tuit de Zapata («Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos»).

«Me he sentido contrariado y sorprendido por la rapidez de la decisión. No tenía mucha confianza en que continuara adelante con este caso, pero no imaginaba que lo archivaría con tantísima celeridad, y, sobre todo, sin practicar prueba alguna ni preguntar al fiscal. Me he sentido ofendido por la resolución, en ningún caso por el juez», afirma Portero al respecto, para quien, como víctima del terrorismo, «lo que creo es que con este auto se abre la caja de Pandora al insulto y a la humillación a las víctimas, de que ya todo vale, porque, según este auto, todo entra dentro de la libertad de expresión, y esta resolución ha minado un poco lo que es el artículo 578 del Código Penal respecto a la humillación de las víctimas del terrorismo».

Junto a ello, el presidente de Dignidad y Justicia entiende que en este caso se ha querido «concretar el delito en una persona», Irene Villa, cuando realmente, al insultar a ésta o a cualquier otra víctima, «lo hacen con el conjunto de las víctimas». «Irene Villa es un icono y representa de alguna forma a las víctimas, por lo que cuando se meten con ella lo hacen con todas». Y, precisamente esto es, se queja Portero, lo que Santiago Pedraz «no ha tenido en cuenta».

Por todo ello, entiende que esa resolución judicial ha hecho «muchísimo daño a las víctimas del terrorismo», porque «es una veda abierta al insulto y a la humillación, a hacer chistes, porque ahora se considera humor negro», en contra de lo que pretende la penalización de esa conducta. «Con esta decisión se abre la puerta a una desprotección» de las víctimas, lamenta el presidente de Dignidad y Justicia.

Esta misma semana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá la resolución de Pedraz para intentar que el juez tome declaración al concejal madrileño sobre su intención al publicar el tuit que le costó a Zapata el puesto de responsable de Cultura, aunque mantiene su condición de concejal en el Ayuntamiento.