«El catalán vale cuatro puntos; un máster en EE UU, uno»

Los sanitarios de Baleares rechazan que se les imponga el idioma. Creen que es una medida ideológica pero también recaudatoria: cada «ronda» de exámenes son 17.000 euros.

Son médicos, y piden cambiar lo que en ninguna otra comunidad es requisito: ni en el País Vasco, ni en Galicia... Ni siquiera en Cataluña es obligatorio pasar un examen de la lengua oficial o cooficial de la comunidad. Sólo sucede en Baleares desde que Més, PSOE y Podemos pasaron a ser un tripartito en 2015 para gobernar. En Menorca se están produciendo hechos como que pasar las pruebas del conocimiento del catalán suponga cuatro puntos para la Sanidad Pública, mientras que tener un máster de especialización apenas uno.

Una situación ignorada pero que la masiva manifestación el pasado 18 de enero en la isla, organizada por la plataforma Mos Movem, dio a conocer. No es para menos: de más de un millar de profesionales que trabajan en los hospitales, entre personal facultativo, sanitario no facultativo y no sanitario, un sangrante 80% no ha pasado la prueba de conocimiento del catalán, según los cálculos internos del centro público Mateu Orfila. Que los motivos que conducen al Gobierno balear a imponer la lengua catalana sean puramente ideológicos estará dentro de la consideración de cada uno, pero teniendo en cuenta que cada prueba supone una tasa mínima de 17 euros, que puede llegar a 34, el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol recauda como poco 17.000 euros en una «ronda» de exámenes. Que, dado el significativo porcentaje de suspensos, es considerablemente más cuantioso. El secretario general socialista Pedro Sánchez, consciente de que su «delegación» balear necesita al partido nacionalista Més para poder gobernar, no tuvo reparo en afirmar que las críticas al sistema del tripartito eran solo una «maniobra» de la derecha. El hecho de que un trabajador con un contrato indefinido que no certifique su nivel a los dos años pueda perder su condición de interino, en detrimento de otro que sí lo tenga, es «conservadurismo de derechas». O que si tras obtener por oposición una plaza fija en el Ib-Salut no se pueda acreditar el conocimiento del catalán a los dos años, no se podrá acceder a la carrera profesional, también lo es. O el hecho de que quien no tenga la plaza en propiedad no podrá pedir un traslado a otra comunidad.

LA RAZÓN ha recabado de primera mano testimonios del hospital Mateu Orfila para pulsar la situación. Claudio Triay, médico de urgencias, fue gerente del centro, y actualmente es miembro del sindicato Simebal, que junto con CSIF han decidido dar la cara. «Se les ha olvidado cuando hace años en el antiguo hospital de Mahón Verge del Toro, los pacientes oncológicos se manifestaban frente al hospital por falta de médicos», explica. «Yo no podía dormir en aquella época porque me faltaba personal para atender a los pacientes. Hubo una dura labor de captación de personal extranjero, mayoritariamente argentinos, colombianos, venezolanos... para que encontraran atractivo trabajar aquí: se proporcionaba también plaza a la pareja si era médico, se buscaban colegios para escolarizar a los niños e incluso se ofrecía un plus de fidelización de la isla».

Afirma que el personal extranjero supone un 15 o 20%, que, como un anestesista venezolano que prefiere mantenerse en el anonimato, recogen ahora sus pertenencias que guardan en cajas de cartón para hacer el traslado. «Yo no puedo competir», asegura. «Tengo un máster, pero supone un punto frente a los cuatro del idioma. Mis hijos han crecido aquí, me va a dar mucha pena pero tengo que irme». A la desesperada, después de más de un mes pidiendo audiencia con el Gobierno balear sin éxito, han planteado la alternativa de que un profesional tenga acceso a dos horas semanales de enseñanza de la lengua, que después se comprobará mediante una entrevista para demostrar una adecuada comprensión oral. «Ni por ésas», dice.

Los pacientes no lo piden

A la también anestesista Briseida Gil, venezolana, no le importa manifestarse. También anestesista, decidió irse de Venezuela por la crisis política en su país, y se encuentra en situación de interinidad. Va por su segundo examen, suspendió el primero para el que tuvo que gastar, durante seis meses, 80 euros semanales en un profesor privado. Con horario de mañana y tarde, esposa y madre de una hija, el catalán ocupó sus horas libres para cursar un master en ventilación mecánica. «Me he dejado las pestañas estudiando. Si hay plaza en otra comunidad, me iré».

Cristina de Juan, técnico superior de prevención de riesgos, nacida en Madrid, se encuentra en una situación de interinidad, y no ha pasado el examen. «Aprobé comprensión hablada y gramática, pero suspendí en redacción». Explica que en los 11 años que lleva trabajando «jamás nadie me ha reclamado que hable en catalán».

En el caso de María José García, técnico superior de riesgos, sí tiene plaza fija pero no puede ascender si no tiene el nivel exigido de catalán. «Me niego a estudiarlo por principios», asegura.