El CGPJ aprueba que los ciegos pueden ser jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad aprobar el informe favorable a que los invidentes puedan acceder a la judicatura, según han informado fuentes de este organismo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy un informe favorable a que los ciegos puedan convertirse en jueces, siempre que desempeñen sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la comisión ha resuelto favorablemente el caso de Gabriel Pérez Castellanos, el joven vallisoletano invidente total que preguntó al CGPJ si podía optar a ser juez dada su discapacidad, tras estudiar el informe del vocal Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad.

Por unanimidad, la Comisión Permanente sostiene que sí que es posible su acceso a la carrera judicial para el caso de que llegue a superar el proceso selectivo, si bien deberá desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.

La decisión adoptada hoy no precisa para su aplicación de cambios legislativos, han precisado las fuentes.

Pérez Castellanos envió en julio de 2013, nada más licenciarse en Derecho, una instancia al CGPJ con una sola pregunta: "¿Puede una persona ciega como yo ejercer las funciones de magistrado?"

Aunque inicialmente no había recibido respuesta, en marzo la Comisión Permanente del CGPJ decidió "estudiar el caso con más profundidad"y retirar el informe desfavorable que habían emitido en un primer momento, pidiendo un nuevo dictámen al vocal Juan Manuel Fernández.

Hoy, Pérez Castellanos se ha mostrado "muy contento"ante la decisión del CGPJ y ha dicho que se abre una opción más para él y "para todos los que vengan detrás".

El joven ha confesado que "tenía sensaciones positivas"y que "estaba bastante claro que iban a decir que sí"y ha recordado que cuando decidió iniciar este proceso se creía que "era una idea de un loco"de la que "nadie quería saber nada".

El texto aprobado recuerda que la Constitución obliga a los poderes públicos, en su artículo 49, a integrar a los discapacitados y amparar sus derechos, entre los cuales figura la igualdad de condiciones para ejercer cargos públicos.

Explica que el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.

El informe sostiene que son excepcionales los medios de prueba "que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible", como el reconocimiento de un terreno a efectos de deslinde.

No obstante, señala que ello "no es suficiente para denegar de forma tajante a los invidentes el acceso a la carrera judicial", dado que en la actualidad hay medios técnicos suficientes como para que un invidente pueda acceder a cualquier tipo de documento.

Asimismo, considera que "no puede afirmarse que la vista sea un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes", mientras que las leyes procesales "conceden importancia a elementos aprehensibles a través del oído, como la evasión en las respuestas, los titubeos o las vacilaciones".

Pérez Castellanos no es el primero en enfrentarse a la administración por este asunto. Hace 25 años, un joven como él, llamado Mariano Ruiz, se presentó a las oposiciones a fiscal que costeaba gracias a su buen expediente en la carrera y al apoyo de sus amigos, que le grababan los temarios en cintas de casete.

Tras superar la primera prueba, en el reconocimiento médico fue sacado del proceso de selección por sus limitaciones en la vista.

"Me sentí muy frustrado en su momento", recuerda desde su actual despacho como técnico superior de la ONCE, pero asegura que gracias a su faceta de deportista y al éxito cosechado en varias ediciones de los Juegos Paralímpicos, en los que ganó cinco medallas de oro en atletismo, olvidó el mal sabor de boca y siguió adelante con su carrera.

A día de hoy existen jueces invidentes en países como Brasil, el Reino Unido, Francia o Perú y su derecho a ejercer está contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del año 2006 y ratificada por España.