El CGPJ pide a la Fiscalía que investigue los ataques de los CDR a juzgados catalanes

El Consejo General del Poder Judicial no quiere ver cómo de forma continua radicales vinculados a los Comités de Defensa de la República o a las juventudes de la CUP lanzan excrementos o pintan de amarillo sedes o viviendas particulares de jueces destinados Cataluña, tal como sucedió recientemente con la casa particular del juez Pablo Llarena. Por ello, la Comisión Permanente ha aprobado por unanimidad un acuerdo en el que pide a la Fiscalía General del Estado que investigue esos ataques y supervise las actuaciones de investigación y persecución que sobre esos ataques llevan a cabo las fuerzas policiales con competencia en la materia, «para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades».

Junto a ello, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados reclaman tanto al Ministerio de Interior como a la Consejería de Interior de la Generalitat la adopción de un «plan integral» que garantice la seguridad tanto de los jueces y magistrados destinados en Cataluña como de las sedes judiciales. Y es que, afirma al respecto el CGPJ, la seguridad e integridad de los miembros de la Carrera Judicial no es un «privilegio personal, sino una garantía de los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad democrática real».

En este sentido, el Consejo denuncia cómo se «reproducen y multiplican» los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales. «Estas actitudes se iniciaron hace ya algunos años, inicialmente alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales como fórmula de rechazo al cumplimiento de sus obligaciones por parte de jueces y tribunales, ofendiendo con ello gravemente las condiciones constitucionales en las que debe desenvolverse la división de poderes».

Posteriormente, añade el CGPJ al respecto, esas actitudes han degenerado en «conductas criminales» y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como “acciones” de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas; una preocupación que se incrementa por el hecho «de que algunas de esas “acciones” sean jaleadas por algún alto representante de las instituciones catalanas». Aquí, el Consejo quiere dejar claro que las competencias en esta materia corresponden a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña.

Toda esta situación, concluye el Consejo, impide que los jueces y magistrados destinados en Cataluña puedan desarrollar sus funciones jurisdiccionales con el debido clima de sosiego y tranquilidad, «circunstancias que resultan indispensables para la independencia judicial en un Estado Democrático y de Derecho».