El Congreso, en campaña contra el PP

Los grupos de izquierda se unen para aprobar la derogación simbólica de las reformas de Rajoy

El Congreso pospuso ayer hasta el 20 de abril la primera sesión parlamentaria de control al Gobierno en funciones por dudas formales, aunque el Ejecutivo de Rajoy mantenga su negativa a someterse a un control ordinario en su situación de interinidad. La Mesa de la Cámara cerró ayer el reparto de preguntas en las sesiones de control, pero no podrá aplicarlo para el próximo miércoles porque no cumple las exigencias formales. En principio, ese primer control se celebrará la siguiente semana. Mariano Rajoy comparecerá esta mañana para informar del acuerdo de la UE y Turquía sobre refugiados. También hay ya fijadas comparecencias en comisión de los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos. Mientras que otros, como la de Fomento, Ana Pastor, siguen negándose a acudir a las citaciones parlamentarias. La explicación del PP es que el Congreso no puede hacer un «control ordinario» a un Ejecutivo al que no ha otorgado su confianza, y que por eso rechazan las comparecencias referidas a asuntos de la anterior legislatura o a las preguntas ante el Pleno de la Cámara.

En paralelo, el presidente del Congreso, Patxi López, sigue liderando la ofensiva para forzar el control y ayer confirmó que ha solicitado otro informe jurídico para que se clarifique si tienen o no obligación de comparecer aquellas autoridades de órganos que dependen del Gobierno, pero que no forman parte del Ejecutivo.

Sin Gobierno, el Congreso se ha convertido en plataforma preelectoral por si al final se cumple la previsión con la que trabaja prácticamente la totalidad del arco parlamentario. El «todos contra el PP» en el que se han aliado socialistas con la izquierda, con Ciudadanos y con las formaciones independentistas funcionó ayer en el debut de las comisiones de Interior y Justicia del Congreso. La mayoría reclamó derogar dos de los proyectos estrella del Gobierno que aún está en funciones, la vuelta a la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 (la llamada «ley Corcuera») y la derogación de la prisión permanente revisable.

Estos acuerdos no tienen ningún efecto porque instan a un Gobierno inexistente a tomar esas medidas, pero sí sirven para proyectar una imagen política de cerco de la mayoría de la Cámara contra el PP y de disposición a «tumbar» algunas de sus principales reformas si Rajoy pasa a la oposición. Reformas que fueron aprobadas sólo con los votos del PP y que están recurridas ante el Constitucional.

En lo que podría interpretarse como una cierta marcha atrás del PSOE, el debate de la propuesta de ERC de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana dejó la iniciativa un poco descafeinada porque los socialistas forzaron que el promotor aceptara una enmienda transaccional para derogar los aspectos que incorporaba la conocida como «ley mordaza» respecto a la de «la patada en la puerta» o ley Corcuera de 1992, informa Efe.

Todos los grupos, a excepción del PP, también se unieron para «golpear» la figura de la prisión permanente revisable, contemplada en la reforma del Código Penal. El argumento de los grupos que reclamaron que se derogue fue que es una cadena perpetua «encubierta» y supone «todo un ataque a los principios constitucionales en favor de la reinserción de los penados». La mayoría parlamentaria reclamó, asimismo, al Gobierno que suspenda parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para evitar el sobreseimiento de las causas declaradas de especial complejidad al establecerse plazos para la instrucción de seis o 18 meses. La Ley de Educación –con asbtención de C’s– también entró en el debate partidista.