Política

Espionaje en Cataluña

El consejero de Justicia catalán pidió información de Botella a Método 3

El consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó y la alcadesa de Madrid, Ana Botella
El consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó y la alcadesa de Madrid, Ana Botellalarazon

En febrero del año pasado, poco después de que estallase el escándalo del espionaje en Cataluña, se publicó que Método 3 investigó al actual consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, en 2009 por orden de Xavier Martorell, ex director general de Instituciones Penitenciarias de Cataluña –cargo que abandonó por este escándalo– y ex director de los Mossos d'Esquadra. Supuestamente, todo ello ocurrió con el visto bueno del entonces gerente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el actual consejero de Justicia, Germà Gordó. Éste se apresuró a desmentir las informaciones y a mostrar su «total confianza» en Martorell, al tiempo que la propia Convergència i Unió (CiU) anunció acciones legales contra los medios que dieron cuenta de esta suerte de «Convergència espía a Convergència». No obstante, según ha podido saber LA RAZÓN, Gordó también recurrió a Método 3 tiempo después, ya en su época como secretario del Govern (diciembre de 2010-diciembre de 2012). De hecho, figura como «responsable» en un documento titulado «Gente que mirar nombres», en el que aparece, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

De acuerdo con dicho documento, al que ha tenido acceso este periódico, el actual conseller de Justicia también acudió a la «conocida» agencia de detectives en busca de información sobre el concejal de Madrid Pedro Calvo; el vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras; la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; el portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, y el ex diputado del Parlament Julio Ariza, que es propietario del grupo Intereconomía.

En la anotación relativa a Calvo se incide en que ha sido imputado «esta mañana» por la tragedia del Madrid Arena, por lo que ésta debe de datar del 13 de noviembre del año pasado. En aquel momento, Calvo era tercer teniente de alcalde y delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, por lo que ostentaba la presidencia no ejecutiva de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos (Madridec), que era la gestora del pabellón. Al ser imputado, dimitió al frente de dicha área aunque no renunció a su acta de concejal. La petición de información sobre Botella, por tanto, debe de ser del mismo momento. La mujer de Aznar había tomado las riendas del consistorio de la capital apenas un año antes, en diciembre de 2011, después de que el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, fuese nombrado ministro de Justicia por el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El resto de elegidos de la lista de «Gente que mirar nombres» no mantienen aparente conexión con la alcaldesa madrileña y con el concejal Pedro Calvo, pero sí se observa que varios de ellos experimentaron cambios en su situación política o en sus expectativas durante el periodo en el que Gordó fue secretario del Govern. Romero, que se convirtió en alcaldesa de Ciudad Real en 2007, revalidó el cargo en las elecciones muncipales de 2011 y, unos meses después, en las generales, fue elegida diputada nacional. Tras aquellos comicios, Francisco Cañizares asumió la portavocía del PP en las cortes autonómicas, en sustitución de Carmen Riolobos, que fuese designada senadora.

Por su parte, el físico Alejo Vidal-Quadras es miembro del Parlamento Europeo desde 1999 y vicepresidente del mismo desde 2004. Nacido en Barcelona, fue presidente del PP catalán y mantiene un firme discurso contra el nacionalismo. En septiembre del año pasado, después de que el Parlament aprobase la convocatoria de una consulta de autodeterminación, pidió a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que fuese «preparando a un general de brigada de la Guardia Civil, porque si no...». «Las cosas hay que hablarlas claramente: el referéndum convocado es ilegal. Una institución del Gobierno español, el Parlamento de Cataluña, ha tomado una decisión contra el ordenamiento vigente», aseguró, antes de recordar que la Constitución «prevé un mecanismo para intervenir una autonomía, en caso de que esa autonomía incumpla las leyes».