Política

El día que el fiscal se quedó solo

El Gobierno se desentiende de Moix por las contradicciones en sus explicaciones.

El Gobierno se desentiende de Moix por las contradicciones en sus explicaciones.

Publicidad

El Gobierno se desentendió ayer desde primera hora de la mañana del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse que posee una cuarta parte de una sociedad en un paraíso fiscal, consecuencia de una herencia recibida de su padre. Nuevas informaciones, que apuntaban incluso a la posibilidad de que no hubiera tributado, cambiaron el guión del Ejecutivo, en un giro que recordó al proceso seguido con el ex ministro José Manuel Soria, quien abandonó su cargo después de conocerse que su nombre aparecía en los «papeles de Panamá».

Del «sí» a la pregunta de si mantiene la confianza en el fiscal Anticorrupción, que el martes pronunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Portugal, a la decisión de marcar distancias y dejarlo todo en manos del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que a primera hora de la mañana de ayer fijó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso. Un cambio de mensaje para ajustarlo a la presión al alza y a la revuelta de toda la oposición contra Moix. Pero, sobre todo, a las informaciones que dejaban en evidencia algunas de sus explicaciones, lo que fue el desencadenante de la pérdida de confianza. La vicepresidenta abrió el camino de la que fue la posición oficial que ayer adoptó el Gobierno para desentenderse del futuro de Moix y colocar el acento en la autonomía de la Fiscalía a la hora de tomar sus decisiones sobre la organización de los fiscales y si éstos se ajustan al criterio de idoneidad que exige la ley. «Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quien le corresponde esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales», sentenció la «número dos» del Gobierno. Rajoy optó por guardar silencio mientras que el resto de miembros del Gabinete popular se ajustaban a la directriz fijada por la vicepresidenta.

El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió que aunque ha dado «toda la información» sobre el origen de su patrimonio, es al fiscal general del Estado a quien corresponde «en su caso» proponer un expediente para removerle. No está en su cargo «por la confianza del Gobierno», puntualizó, porque los nombramientos de fiscales no se hacen en función de la confianza, sino que el Gobierno recibe una propuesta del fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal, recordó. «Por tanto, no es un nombramiento de confianza y no está puesto ahí por la confianza del Gobierno», concluyó.

No hubo respaldo expreso oficial a Moix en el día de ayer, aunque tampoco una declaración formal de enmienda. Si bien tanto en medios gubernamentales como en fuentes populares era palpable por primera vez la preocupación por el «enredo» de Moix en algunas de sus explicaciones, en una situación que en la dirección popular recordó en algunos aspectos al caso del ex ministro Soria, para quien la mentira pesó tanto como sus actividades como administrador de una «offshore». En medios populares aceptaban ayer fuera de micrófono que la situación era «insostenible» porque incluso aunque todo se ajustara a derecho, «y habría que ver», lo cierto es que su posición «debilita» a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía. «Puede haber sido declarado y legalizado, pero es difícilmente presentable ante la opinión pública porque hay que reconocer que no estamos hablando de un ciudadano normal. En un fiscal cualquier acto tienen un componente ético y de ejemplaridad que hace complicado sostener que el máximo responsable de luchar contra la corrupción tenga una empresa en un paraíso opaco», admitían en medios populares.

Publicidad

El reproche más grande es por no haber informado a sus superiores y el desencadenante de que se acabaran de encender las alarmas fueron las informaciones que ponían en cuestión su explicación de que no había tenido conocimiento de la sociedad hasta que recibió la herencia de su padre. Moix había sido reprobado por el Congreso de los Diputados por sus supuestas «injerencias» en los casos de corrupción del PP. Y hasta mediodía de ayer seguía trasladando que «quería seguir porque no tenía nada que ocultar».