El Estado perseguirá a los funcionarios que no acaten el 155

El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o al personal laboral de la Generalitat que no acate la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o al personal laboral de la Generalitat que no acate la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. El acuerdo constitucionalista, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, señala que «el incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica». Esto no excluye, además, la posibilidad de que el Ministerio Fiscal pueda exigir responsabilidades penales. Asimismo, los actuales responsables de la Generalitat o de organismos, entes y su sector público empresarial no podrán actuar contra su personal por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y del Poder Judicial que han anulado todas las actividades relacionadas con el proceso secesionista. «Son nulos de pleno derecho e ineficaces, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o de otro orden a que hubiera lugar respecto a quien inicie, tramite o resuelva los expedientes sancionadores». Tampoco tendrá validez cualquier publicación oficial sin el aval de la autoridad designada por el Gobierno de la Nación.