El fiscal general del Estado reprocha la «desesperante» lentitud de la Justicia para resolver causas por corrupción

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha reprochado hoy la “lentitud desesperante” de las causas complejas por corrupción, convertida ya en un “grave problema de Estado”, pues este tipo de procesos “se deberían resolver en un año, pero no en ocho”.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha reprochado hoy la “lentitud desesperante” de las causas complejas por corrupción, convertida ya en un “grave problema de Estado”, pues este tipo de procesos “se deberían resolver en un año, pero no en ocho”.

En esta línea, ha advertido de que las causas judiciales muy dilatadas en el tiempo están afectando “al sistema político y causando desafección en la sociedad”.

También se ha referido, durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial al referéndum catalán y a su intención, como aseguró el pasado miércoles en declaraciones a Efe, de perseguir la compra de urnas, ya se haga de forma pública, o encubierta.

“A partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional diciendo que la consulta está fuera de la ley, lo que hace siempre la Fiscalía es tomar las acciones oportunas para tratar de impedirlo”, ha subrayado Maza.

En este sentido, el fiscal general ha dejado “a la última palabra de los tribunales” la solución al problema en Cataluña y ha asegurado que, desde su posición, no le compete hacer comentarios políticos y que tiene que estar “en línea con el Estado de derecho y con la ley”.

Durante su comparecencia en el curso, José Manuel Maza también ha defendido la “autonomía” de los fiscales, que es lo que se debe buscar “en vez de la independencia, pues eso significaría que el fiscal está haciendo las funciones del juez”.

Y en esta línea ha vuelto a la cuestión en Cataluña para preguntarse “si dejásemos, por ejemplo, que cada fiscal fuera independiente en Cataluña, ¿haría entonces cada uno lo que quiere?”.

Sobre la figura del fiscal general del Estado, Maza ha recordado que desde 2007 “al fiscal general no se le puede cesar y que, si es deshonesto, ahí la ley no puede entrar”, por lo que ha recalcado que “solo queda acertar en la persona”.

“De todas formas, si tanto nos preocupa la autonomía del fiscal y si tanto miedo nos da que el fiscal pueda ser manipulado, modifiquemos primero su Estatuto”, ha añadido Maza, antes de incidir en la necesidad de que sean los fiscales quienes asuman las labores de investigación.

“No se trata de quitar el gorro al juez instructor y ponérselo al fiscal”, sino de instaurar la figura del “fiscal investigador”, ha querido dejar claro, convencido de que “antes o después tendremos que dar este paso, porque nuestro sistema actual no es homologable con el resto de países del mundo”.

Para reforzar su defensa sobre este cambio, ha recordado que el año pasado los fiscales efectuaron un total de 16.000 diligencias de investigación, lo que demuestra que “el fiscal ya está investigando”.

Por último, también ha defendido el instrumento de la acción popular, una institución “originaria de España”, aunque ha reconocido que él mismo ha sufrido “el uso espurio que se le puede dar a la acción popular”.

Después de la intervención del fiscal general, ha tomado la palabra en el acto de clausura del curso sobre “Pacto de Estado para la Justicia” el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha incidido en que es “fundamental que la sociedad confíe en la Justicia”.

“Son muchas las piezas que se deben engranar para que nuestra Justicia funcione, pero debemos establecer vías fluidas de comunicación entre operadores jurídicos e instituciones, porque trabajamos en común y tenemos las mismas preocupaciones e inquietudes”, ha explicado el presidente del Alto Tribunal.

También ha asegurado que el órgano de gobierno de jueces y magistrados “quiere contribuir a un programa de reformas, estableciendo las condiciones para reforzar la independencia judicial como un derecho y una garantía a los ciudadanos”.