El fiscal pide 42,5 años de cárcel para Bárcenas por lucrarse de la Gürtel

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel por «enriquecerse de modo ilícito» de la «trama Gürtel», al menos desde el año 2000. Anticorrupción, que reclama 125 años para Correa, cree que el ex tesorero se apropió de 300.000 euros del PP

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel por «enriquecerse de modo ilícito» de la «trama Gürtel», al menos desde el año 2000, mediante el cobro de comisiones por intermediar en favor de empresas de la red para que consiguieran adjudicaciones públicas en administraciones gobernadas por el PP. El Ministerio Público le atribuye delitos fiscales, de cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y estafa. Además, cifra en casi 300.000 euros la cantidad de la que, al menos, se habría apropiado de la supuesta «caja B» del Partido Popular.

En un extenso escrito de conclusiones de casi 500 folios, Anticorrupción acusa a 41 imputados por las actividades de la «trama Gürtel» entre 1999 y 2005 (el grueso de la investigación, que cerró el pasado noviembre el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz), entre ellos, además del propio Bárcenas, otros dos ex tesoreros de los populares: Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís (que ejerció el cargo con AP), que se enfrentan a tres y ocho años de cárcel.

Pero la fiscales anticorrupción Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, solicitan la pena más alta, de 125 años de cárcel, para el supuesto líder de la trama, el empresario Francisco Correa, a quien imputan ocho delitos: asociación ilícita, prevaricación, fraude a la Administración, cohecho, falsedad, malversación, delito fiscal y blanqueo de capitales. Según la acusación pública, las empresas de Correa obtuvieron de fondos públicos entre 1999 y 2009, gracias a esa actividad ilícita, más de 40 millones de euros (8,5 en la investigación que ahora culmina), con el consiguiente perjuicio para las administraciones con las que contrataban sus sociedades.

Anticorrupción incluye al PP entre los partícipes a título lucrativo por beneficiarse (pese a desconocer su origen delictivo) de las cantidades que obtuvieron de «Gürtel» los ex alcaldes de los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda –los imputados Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente– para financiar sus campañas electorales. Por este motivo, reclama que devuelva en total 328.440 euros.

PP no sabía el origen delictivo

La Fiscalía no acusa a la ministra de Sanidad Ana Mato, pero también solicita a la Audiencia Nacional que reintegre 28.467 euros, igualmente como partícipe a título lucrativo. Esa cantidad corresponde «al valor de los regalos y de los servicios turísticos de los que fue personalmente beneficiaria» (billetes de tren y avión, estancias en hoteles, alquiler de coches, artículos de Louis Vuitton, fiestas infantiles y la celebración de la comunión de una de sus hijas), así como el 50% de los beneficios obtenidos por sus hijos.

Entre los acusados también se encuentra el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, a quien señala como la persona que acordó con Correa «adjudicar arbitrariamente los contratos referidos a actos institucionales» a los que asistía la entonces presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, a empresas de la red corrupta, que recibieron supuestamente gracias a sus gestiones casi 6,4 millones en adjudicaciones hasta 2008. A cambio, López Viejo recibió en comisiones (tanto en metálico como en regalos) 472.465 euros, a los que hay que sumar otros 682.197 que percibió, según Anticorrupción, cuando era concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid por «la adjudicación irregular» de un contrato de limpieza viaria en la capital de España.

Adjudicaciones «torticeras»

La Fiscalía acusa a Correa de liderar un entramado empresarial, entre 1999 y 2009, «dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos» mediante la obtención de contratos públicos o «el apoderamiento directo de fondos» de la Administración. Para conseguir ese objetivo contaba con la «esencial colaboración de cargos públicos a los que compensaba con pagos y regalos en especie». Sólo en concepto de comisiones, Correa habría cobrado 2,8 millones de euros.

Para no levantar sospechas, los contratos se troceaban para sortear los concursos y se tramitaban formalmente los expedientes para «dar apariencia legal» a la decisión ya tomada de adjudicar el contrato, «de forma indebida y torticera», a las empresas de Correa. El empresario no tenía reparos, además, en cargar las comisiones a la Administración, por lo que el daño al erario público era doble.

En cuanto a Bárcenas, Anticorrupción asegura que, tras conocer a Correa a principios de los años 90, acordaron –junto al ex diputado del PP Jesús Merino– utilizar la influencia de los dos políticos sobre diversos cargos públicos de Castilla y León «con el fin de procurarse un enriquecimiento ilícito» a cambio de las correspondientes comisiones.

Además, Bárcenas se habría aprovechado de sus funciones como tesorero para apoderarse de fondos del PP «aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad instaurada en ese partido». Anticorrupción cree que Bárcenas se apoderó «como mínimo de 299.650, 61 euros» de recursos del Partido Popular cuando era gerente de la formación, 150.050 de ellos «con el consentimiento» del entonces tesorero Álvaro Lapuerta. Esos fondos, que se ingresaron en cuentas bancarias en España y Suiza, «procedían de una contabilidad o “caja B” del PP gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos» y que provenían, añade la Fiscalía, de entidades «beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».

Para poner a salvo todos sus ingresos supuestamente ilícitos, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias (para quien la Fiscalía pide 24 años de prisión), habrían puesto en marcha un entramado financiero en bancos suizos, unos fondos que a partir de 2009, cuando supo que estaba siendo investigado por la Justicia, se dispuso a ocultar.

La Fiscalía vuelve a rechazar su salida

La Fiscalía Anticorrupción ha volvió a rechazar ayer la salida de la cárcel del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, donde se encuentra desde el 27 de junio de 2013, al considerar que continúa existiendo «riesgo de fuga», según fuentes jurídicas, informa Ep. En una nueva vista celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, las fiscales del «caso Gürtel», Concha Nicolás y Concha Sabadell, se opusieron a su excarcelación alegando que podría sustraerse a la acción de la Justicia y que, además, existen múltiples indicios de delito contra el imputado que se plasmarán en su escrito de acusación provisional.

La defensa del ex tesorero, por su parte, recordó que su cliente lleva 19 meses en prisión, que se ha conjurado totalmente el riesgo de que se de a la fuga y que su permanencia en prisión provisional no tiene «soporte constitucional».