El fiscal pide 6 años de cárcel para los acusados de dirigir el aparato internacional de ETA

El fiscal ha mantenido hoy su petición de seis años de prisión para cada uno de los cinco dirigentes de Askapena, el aparato internacional de ETA, juzgados en la Audiencia Nacional por delitos de colaboración con organización terrorista por recabar apoyos exteriores y fondos para la banda.

El representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en un juicio que, previsiblemente, terminará el lunes con los informes de las defensas y el último testimonio de los procesados.

Los acusados son Walter Wendelin -considerado el máximo responsable de Askapena-, Gabriel Basáñez Ruiz, Unai Vázquez Puente, David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel, detenidos el 28 de septiembre de 2010 en una operación desarrollada en el País Vasco y Navarra.

Los procesados declararon en la vista oral que Askapena realizaba labores de solidaridad "anti-imperialista"con otros países y con causas como las de los idiomas oprimidos y el comercio justo, pero no al servicio de la banda terrorista.

"La historia nos absolverá", manifestó antes del comienzo del juicio Unai Vázquez Puente.

Sin embargo, para la Fiscalía, Askapena se integra en una estructura mancomunada y bajo la dirección de ETA y la ilegalizada Batasuna llamada NLT (Nazioarteko Lan Taldea o Grupo de Trabajo Internacional), al que pertenecen representantes de todas las organizaciones constitutivas del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) "con proyección internacional".

Además, también participaba en el sistema establecido por la "Izquierda Abertzale"para su "autofinanciación", o "lo que es lo mismo, para el sostenimiento económico de las distintas estructuras que la integran y del conjunto de sus actividades orgánicas".

La financiación de todo el MLNV, prosigue el escrito, partía de una "caja común"constituida a partir de las "subvenciones públicas electorales"recibidas por las agrupaciones políticas ilegalizadas como ANV y PCTV y que llegaron a suponer un total de 2,3 millones de euros entre tres años (de 2005 a 2007).

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide imponer a cada uno de los acusados una multa de 7.200 euros e inhabilitación absoluta durante 14 años. EFE