El Gobierno articula ya respuestas legales al desafío

El Gobierno cree que el pacto CiU-ERC está «hecho». Con un desarrollo político, la consulta; y un «intercambio de cromos» económico, en el que CiU responderá al apoyo de Esquerra con gestos que refuercen la Agencia Tributaria propia y otros instrumentos estrechamente ligados a la construcción nacional. Opinan en Moncloa que Esquerra cederá en los recortes a cambio de gestos fiscales: grandes superficies, nucleares, Patrimonio... Pero que, en cualquier caso, la «inestabilidad» está asegurada y que, quizás lo más preocupante, lo que hasta el momento se ha puesto encima de la mesa va más allá incluso del programa electoral con el que Mas se presentó a las elecciones y recibió el inesperado descalabro que le ha colocado en la situación precaria que hoy en día tiene que administrar.

La alarma se deja sentir ya en medios gubernamentales, y ayer exteriorizó ciertos signos, con mucha cautela, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, al reconocer en Bruselas que no le gusta, que «le preocupa», lo que está conociendo del posible acuerdo de coalición para sostener la Generalitat. Prudente, no dio el pacto por cerrado, y dijo que hay que esperar a ver en qué quedan las negociaciones. Aunque sí subrayó que «en Cataluña y en el conjunto de España hay una prioridad, que es la crisis y generar empleo». Y eso no se consigue –añadió– con inestabilidad política y alimentando otro tipo de factores que también generan inestabilidad. «Es malo para España, pero es muy malo también para Cataluña», indican desde el Ejecutivo. En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reforzó ayer el mensaje de Rajoy al instar al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a que tenga en cuenta que el programa soberanista con el que se presentó a las elecciones le hizo perder apoyos, y que el pacto con ERC en el que trabaja plantea ir incluso mucho más allá de su propuesta inicial, que ya fue mal acogida en los comicios autonómicos.

El Gabinete de Rajoy está a la espera de ver qué Gobierno catalán sale de la fallida maniobra de Mas de adelantar elecciones para reforzar su mayoría absoluta. Y, por tanto, su campo de acción está hoy en el terreno de lo político. Aunque con discreción se prepara ya para tener lista la reacción legal y jurídica a los posibles desafíos «soberanistas» que en el ejercicio del poder pudieran derivarse del pacto entre CiU y ERC para la transición nacional. Este trabajo interministerial, que tutela Moncloa, ya empezó a ponerse en marcha en la campaña de las autonómicas, con un comité de estrategia que supervisó la respuesta a los movimientos que iba dando el líder de CiU.

El Estado propio exige de partida, además, una inversión económica que la Generalitat no está en condiciones de sostener, como recordó la vicepresidenta. Hacienda hace una fiscalización continua de su Presupuesto y tiene, asimismo, la llave del Fondo de Liquidez Autonómico, del que depende Mas para pagar a sus proveedores y hacer frente a sus vencimientos de deuda. «Tenemos margen de respuesta legal y financiera, si la Generalitat se sale del camino constitucional y si incumple sus compromisos pactados», subrayan en Moncloa, en vísperas de que se vista de largo el acuerdo independentista. «Si se pidió apoyo para unas determinadas actuaciones, y se perdió parte de los apoyos que uno ya tenía, la sociedad catalana no podría entender que ahora se pretenda ir más allá», sentenció la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros.