El Gobierno avala la ley de abusos policiales de Urkullu

Indignación en las víctimas: «Atenta contra nuestro honor y el de las Fuerzas de Seguridad».

El Gobierno ha decidido estrechar la mano de Urkullu en lugar de la de las víctimas. Según el Consejo de Ministros celebrado ayer, el recurso contra la ley vasca de víctimas policiales, que presentó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, no verá la luz. Esta ley, que en 2016 fue aprobada por el PNV y por el PSE-EE, podría facilitar que centenares de presuntas víctimas de violencia policial acudan a una comisión «ad hoc», aunque se trate de casos desestimados por la jurisdicción ordinaria. Según el recurso planteado por el PP en 2017, «existen fundamentos jurídicos suficientes para la imposición de recurso de inconstitucionalidad».

Esta decisión del Gobierno tiene lugar escasos días después de que el Tribunal Constitucional, por su parte, haya anulado la mayor parte de la Ley Foral 16/2015 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, también recurrida por el anterior Gobierno a tenor de los mismos argumentos esgrimidos en el caso de la Ley Vasca.

Asociaciones de sindicatos policiales, de Guardias Civiles y de colectivos de víctimas enviaron una misiva antes del Consejo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para advertirle de lo que consideran sería un acto ilegal, carta que no ha tenido el éxito deseado. Concretamente, la Fundación Víctimas del Terrorismo, de la que es presidenta Marimar Blanco, emitió ayer un comunicado de queja, «en la medida que dicha norma invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Para la asociación, «declarar víctimas y verdugos sin las más elementales garantías reconocidas por nuestro derecho penal y procesal no sólo atenta con tra el honor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», si no que afirman «lo hace también contra todo el colectivo de víctimas del terrorismo, al favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas por ETA».

En este «total rechazo» de la FVT, argumentan además que la postura del Gobierno es contraria a la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, según la cual se exige a los poderes públicos que «contribuyan al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el daño y de quien lo ha causado».

A pesar de que la organización reconoce «carecer de legitimización jurídica para interponer recursos ante el TC», afirma que apoyará los recursos e iniciativas que se lleven a cabo contra este rechazo al recurso contra la ley vasca.