El Gobierno blinda Gibraltar ante un Brexit sin acuerdo

Aprueba un plan de contingencia para proteger los intereses económicos españoles.

El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto Ley que prevé un plan de contingencia en caso de que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. En Moncloa reconocen que a pesar de «haberles costado un gran trabajo» diseñar la norma sobre el Brexit, confían en que esta resulte «inútil» y que no tenga que llegar a aplicarse porque sólo entrará en vigor «si Reino Unido decide salir de Europa por la ventana». Se trata, en todo caso, de un compendio de medidas de carácter temporal, cuyo mantenimiento se condiciona al tratamiento equivalente y recíproco por parte del Reino Unido.

El contenido se estructura, fundamentalmente, en torno a dos conceptos: ciudadanía y actividades económicas. Con carácter general, las medidas se aplican también a los nacionales británicos y operadores económicos establecidos en Gibraltar, pues estas medidas de contingencia buscan proteger los intereses españoles y, en particular, los del Campo de Gibraltar.

Se regula el procedimiento para la emisión de una autorización de trabajo a los nacionales de Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos en España. Ello se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles. Estos trabajadores podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los períodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada. También se prevé el acceso a la Universidad española y a la contratación pública.

Otra de las medidas será otorgar el permiso de residencia a unos 400.000 británicos que viven en España, que tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero, el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España, en el caso de que el Brexit se produzca abruptamente. La expedición de estos nuevos documentos de residencia es un proceso complejo, que requiere de un plazo relativamente amplio, estipulado en 21 meses.

La totalidad de medidas previstas en el plan de contingencia prolongan el actual estatus de empresas y ciudadanos británicos en España, pero están condicionadas a que Reino Unido aplique el mismo trato a los españoles residentes en las islas británicas. «Dos unilateralidades pactadas suponen una bilateralidad en la práctica», reconoció ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que confirmó negociaciones en este sentido con el Reino Unido y defendió que se ha optado por esta fórmula para evitar firmar un tratado internacional, que hubiera resultado «más rígido». Por otro lado, Borrell avanzó la firma el próximo lunes del Tratado Fiscal con Reino Unido relativo a Gibraltar, con lo que «queda resuelto el paquete» sobre el Peñón.