El Gobierno condicionará las subvenciones a que no se tengan deudas

MADRID-Menos subvenciones, con un menor carácter arbitrario y con más flexibilidad y rapidez en su tramitación. Ésta es la teoría de la reforma que prepara el Ejecutivo. La nueva Ley de Subvenciones que el Gobierno sostendrá en su propuesta de reforma de las Administraciones Públicas establecerá límites a la financiación pública de determinados gastos privados y exigirá un mínimo de aportaciones privadas. Siempre en el caso de proyectos valorables en régimen de concurrencia, sin incluir, por tanto, en estas exigencias las ayudas personales como las de carácter asistencial o las becas.

Además, para corregir las duplicidades entre Estado y comunidades autónomas el Gobierno establecerá la interconexión automática de las diferentes bases autonómicas y locales con la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esa base de datos tendrá que actuar como sistema nacional de publicidad de las subvenciones de tal manera que aumente la transparencia y se simplifiquen los procedimientos al evitarse el trámite de remisión al boletín autonómico o local oficial correspondiente.

Para flexibilizar los trámites administrativos el Gobierno prevé reformular los plazos para justificar las subvenciones; contempla el caso de imposibilidad por parte del beneficiario de cumplir con las obligaciones por causas atribuibles a las Administraciones Públicas; e introducirá asimismo en la Ley General de Subvenciones una medida para el respaldo del cumplimiento de la Ley de Morosidad entre particulares cuando las operaciones sean sufragadas con fondos públicos.

En cuanto a la eliminación de duplicidades entre Estado y comunidades, en el nuevo texto legal se incorporarán los criterios constitucionales sobre reparto de competencias que ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional y que tienen su punto de partida en la sentencia 13/1992.

El análisis realizado por el Gobierno ha constatado que hay un problema grave con estas duplicidades entre Estado y comunidades. También ha detectado importantes ineficiencias derivadas de la financiación exclusiva mediante fondos públicos de proyectos sobredimensionados. Que hay un sostenimiento excesivo y sin referencia realista en ciertas modalidades de gasto privado; que las bases locales y autonómicas se duplican con la base nacional; que en algunos casos los plazos en la tramitación de los reintegros son muy dilatados; y que, además, hay repetidas reincidencias no resueltas en la ejecución de las actividades subvencionadas.

En la nueva ley se regulará con carácter general el régimen de las modificaciones de la resolución de concesión para atender así a las posibles incidencias surgidas a lo largo de la ejecución de las actividades subvencionadas. Una flexibilidad con la que se quiere beneficiar tanto a la Administración como a los particulares afectados por el proceso.