El Gobierno de Murcia niega contratos con empresas de Púnica

La polémica saltaba ayer a primera hora de la mañana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitaba al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el «caso Púnica», que investigara presuntas relaciones entre la trama y el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez. Al parecer, el informe señala la contratación del servicio del conocido como «conseguidor» de la «Púnica», Alejandro de Pedro, para que limpiara y mejorara la imagen en internet y en las redes sociales tanto del que fuera consejero de Educación como de la ex alcaldesa de Cartagena y actual candidata al Senado por el PP, Pilar Barreiro. De este modo, la Guardia Civil considera que podría existir malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. No obstante, la reacción por parte del Gobierno regional no se hizo esperar, y fue la propia portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, quien convocó a los medios para mostrar los certificados oficiales en los que se demuestra que no existe relación alguna con las empresas de la trama. «Nunca ha existido relación contractual de la Consejería de Educación con las empresas investigadas».

En este sentido, Arroyo quiso lanzar un mensaje de «absoluta tranquilidad» y aseguró desconocer el contenido del informe de la Guardia Civil presentado al juez Velasco, e insistió en que, en cualquier caso, «si hay que facilitar algún dato más para que todo se aclare, así se hará». Asimismo, la consejera en nombre del Gobierno, se preguntó desde cuándo la Guardia Civil o la Policía Nacional eran los encargados de recomendar una investigación, algo a lo que también hizo alusión la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien subrayó que las decisiones sobre las imputaciones judiciales «las toman los jueces».

Desde el Partido Popular, también se quiso despejar toda sombra de duda desmintiendo que el presidente regional firmara contratos con empresas de la trama. El portavoz parlamentario, Víctor Martínez, reiteró la nula vinculación entre Sánchez y «Púnica», y trasladó su deseo de que la situación se aclarara «cuanto antes». No obstante, los partidos de la oposición no tuvieron en cuenta la presunción de inocencia, y pidieron al presidente murciano que dimitiera. Así lo expresó el líder del Partido Socialista de la Región, Rafael González Tovar, quien exigió que renunciara «como aforado» ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región, y le instó a limpiar la imagen de la reputación de la Región «asumiendo responsabilidades y no siendo presidente mientras esté tan claramente bajo sospecha».

La investidura, en peligro

En esta misma línea se pronunció el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, quien manifestó que los murcianos «no se merecen un presidente que para limpiar su imagen manche la de la Región». El líder murciano de Podemos consideró «muy preocupantes» las acusaciones presentadas por la UCO, pero dijo que desde su grupo permanecerían a la espera de la respuesta del propio Sánchez ya que, a su parecer, «la respuesta de la consejera Arroyo es demasiado tibia para la gravedad del asunto».

Más cauteloso se mostró el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (C’s), Miguel Sánchez, quien aseguró que harán «votos para que no lo imputen, porque C’s es un partido con altitud de mira y no quiere que investiguen al presidente de la Comunidad». No obstante, alertó de que el acuerdo de investidura que suscribieron con el PP en las pasadas elecciones autonómicas «peligrará en el momento en que lo imputen, si es que eso sucede».