El Gobierno frenará en el TSJC la cesión del padrón municipal para la consulta

El Gobierno ha dicho que actuará con la Ley en la mano ante cada decisión ejecutiva o legislativa, con efectos, por parte de la Generalitat catalana que se salte la Ley y la Constitución. La vía más rápida, y que lleva a la suspensión inmediata, es el Tribunal Constitucional (TC), y se activará para poner un dique a la consulta independentista en tanto que Mas no acepte el «no» del Congreso al referéndum y siga dando pasos concretos para celebrarlo en la fecha anunciada. Si la puerta del TC no es la adecuada, entonces el Gobierno actuará en el ámbito legal que corresponda.

Sin censo, y en la medida de lo posible lo más creíble posible, el delirio del referéndum independentista no puede seguir avanzando. Y para mantener la tensión ya han empezado algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, bajo gobierno de CiU, a anunciar su intención de ceder el padrón municipal para la elaboración del censo en el que se sostenga la consulta. Es completamente ilegal, y, además, no todos los ayuntamientos colaborarían y estarían dispuestos a entregar estos datos privados a CiU y ERC, por lo que nunca podrían tener el censo completo de Cataluña por esta vía. Pero, además, el Gobierno tiene varios caminos a su alcance para responder y frenar el desafío.

Por un lado, podría abrirles un expediente sancionador la Agencia de Protección de Datos. Pero también puede paralizar esta decisión en los tribunales, que es mucho más efectivo. En concreto, al ser un acuerdo de un ayuntamiento habría que recurrirlo ante la jurisdicción ordinaria en vía contencioso-administrativa, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se suspendería de inmediato, sin más.

En cualquier caso, la decisión de utilizar la vía municipal para acceder a los datos de los ciudadanos censados se interpreta en el Gobierno como una maniobra más para «armar gresca» y llamar la atención. Explican que es más sencillo que intenten utilizar el censo de las europeas, que el Gobierno no tendrá más remedio que remitir a la Generalitat, como a los demás gobiernos autonómicos, dentro de un par de meses. Su uso también sería ilegal, y el Gobierno actuaría, pero los nacionalistas se ahorrarían el lío de que les impugnen cada acuerdo municipal y, además, les llenen de multas, precisan en medios populares. El Gobierno tiene estudiado cada paso que pueden dar Mas y ERC y también su posible respuesta.

Ayer, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó, sin entrar en detalles, que el Gobierno «cumple y hace cumplir la Ley», en todos los ámbitos, y, especialmente, cuando están en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. Recordó que los padrones municipales están protegidos y que en ningún caso permitirán que se haga un uso de ellos contrario a lo que dicta la Ley.

Por otra parte, también confirmó la nueva estrategia del Gobierno en Cataluña, adelantada por este periódico el pasado miércoles. Mediante esta decisión de dar la batalla política, con una ofensiva pedagógica y didáctica en todo el territorio catalán para replicar al argumentario nacionalista, el Gobierno asegura que no busca alimentar la «controversia», sino, simplemente, «contar la realidad de lo que hay» a los catalanes y la «realidad» del apoyo económico y financiero que el Ejecutivo está ofreciendo a la Generalitat. «Queremos explicar a la gente lo que hay, lo que piensan en Europa, lo que piensa la comunidad internacional, y lo que está pasando en España. Lo que está haciendo este Gobierno por garantizar su bienestar y su estabilidad», precisó Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros, en una comparecencia junto con la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. La vicepresidenta subrayó que en lo que va de legislatura el Gobierno no ha dejado de trabajar junto con el Gabinete de Artur Mas para conseguir que, pese a la crisis y a la mala situación económica de la Generalitat, los catalanes no se vean perjudicados y Cataluña siga pagando a sus proveedores y manteniendo los servicios públicos. «Ésa es la realidad de lo que hay», apostilló.