El Gobierno hará una ofensiva legal para frenar el referéndum

El Gobierno tiene preparadas respuestas políticas y legales para frenar una consulta ilegal y todos los posibles pasos en la «construcción nacional» que se salten la legislación vigente. Ésa fue la primera respuesta de fuentes de Moncloa al trascender la noticia del acuerdo de CiU y ERC, que incluye la celebración de un referéndum soberanista en 2014. La noticia no sorprendió en el Gobierno, aunque hasta el último momento, hasta ayer mismo por la tarde, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha querido poner el acento en su mano tendida a la Generalitat y al presidente en funciones Artur Mas para favorecer un escenario de estabilidad política y económica en Cataluña. Y esto ha incluido conversaciones privadas con el portavoz de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, y otras gestiones con las voces críticas que han empezado a manifestarse en Cataluña. «La sociedad está fracturada y Mas debería ser tan consciente de ello como lo somos nosotros», sostienen en Moncloa.

Ayer, al tiempo que sonaban los tambores que anunciaban que podía haber acuerdo, y casi al tiempo que Mas utilizaba a sus portavoces autorizados para dar un portazo a las ofertas de diálogo que le llegaban de Madrid, Rajoy, en el Senado, reiteró su disposición a dialogar y a colaborar con la Generalitat. Dentro de una «actitud constructiva», especialmente en materia económica. La Generalitat no cumple con el objetivo de déficit para este año, pero aun así Rajoy también valoró los esfuerzos que ha hecho al respecto.

Tanto CiU, a través del senador Jordi Vilajoana, como el PSC, por boca del ex presidente de la Generalitat Jordi Montilla, le pidieron que se retratase en el escenario catalán que han dibujado las autonómicas. La disposición a colaborar con la Generalitat «es total», precisó en una de sus réplicas, siempre que el trabajo esté orientado a conseguir la recuperación económica y la creación de empleo. El presidente no quiso entrar de cabeza en el desafío soberanista que plantea el acuerdo de Convergéncia con Esquerra, y hasta que éste se concrete en hechos prefiere insistir en aventar el mensaje de que Cataluña está ante un reto histórico que le obliga a no equivocar el orden de prioridades.

Esta posición pública se completa con una estrategia de puertas adentro en la que el Gobierno ya ha empezado a «armarse» de argumentos jurídicos y políticos para responder a lo que le pueda «llover» en los próximos meses desde Cataluña. En campaña crearon una comisión de estrategia, en la que participaban «fontaneros» de Moncloa. También la Vicepresidencia y otros ministerios como el de Justicia o el de Hacienda.

Rajoy es partidario de no apartarse de su línea clásica de actuación: esperar a ver qué hace el adversario político y entonces responder. Que sean CiU y ERC quienes empiecen a mover sus fichas. Teniendo en cuenta que el Gobierno central tiene en sus manos el Presupuesto de la Generalitat, como el del resto de comunidades autónomas, dentro del marco de actuación que le permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el Ejecutivo preocupa la amenaza de consulta –que exigiría una reforma constitucional para ser legal– pero aún más las obligaciones económicas que la Generalitat tiene que afrontar en los próximos meses.

¿Antes o después que Escocia?

Antes de que acabe 2014 debe celebrarse la consulta sobre la independencia de Escocia que pactaron el primer ministro británico, David Cameron, y el ministro principal escocés, Alex Salmond. Y como en Cataluña, a falta de fijar definitivamente la fecha en la que se convocará el referéndum, las noticias que llegan desde Bruselas no son alentadoras para quienes abogan por la secesión de Escocia de Reino Unido. El lunes de la semana pasada era el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el que se encargaba de echar un jarro de agua fría sobre las expectativas de los nacionalistas del SNP. Barroso dijo en la BBC que una Escocia independiente tendría «obviamente» que solicitar de nuevo su ingreso en la UE. Salmond defiende que el ingreso del «nuevo» Estado sería automático. Pero eso, como también le dejó claro la Comisión a Artur Mas, no es así. Ahora, a ver quién convoca la consulta primero.