El Gobierno impulsará oficinas en Ceuta y Melilla para pedir asilo

Los atentados terroristas perpetrados en París, golpeando de nuevo en el núcleo de la seguridad de Europa, hicieron que los ministros del Interior de los respectivos países de la Unión se replantearan de nuevo la seguridad de las fronteras y con ello el Tratado de Schengen. Se entra de nuevo en el eterno dilema entre seguridad y libertad, aunque desde el Gobierno se ha insistido en que no existe ninguna incompatibilidad entre el refuerzo de las medidas contra el terrorismo, la seguridad y las libertades fundamentales.

El problema de la inmigración irregular que pasa a través de nuestras fronteras a Europa es otro de los problemas que preocupan. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió al Consejo Europeo ayudas para poder reforzar el perímetro fronterizo, una política migratoria común y recordó a sus socios comunitarios que Ceuta y Melilla son también frontera de la UE.

Ante esto, el Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda con algunos párrafos adicionales en el texto de la ley orgánica de extranjería, en tramitación en el Senado, con el fin de garantizar el refuerzo fronterizo como medida de seguridad. Recogen el guante del Grupo Popular en el Congreso, que ya presentó una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana y a la reforma de la Ley de Extranjería que dotara de cobertura jurídica las devoluciones en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla, con la intención de evitar que terroristas yihadistas puedan circular libremente por Europa y frenar la oleada de inmigrantes ilegales que quieren acceder a nuestro país.

Esta regulación del rechazo en frontera y la nueva disposición adicional que próximamente se incluirá en el texto normativo de extranjería viene a constatar que España, como cualquier Estado soberano, tiene derecho a proteger sus fronteras y a evitar entradas irregulares en su territorio.

Su objetivo no es colmar una laguna normativa o vacío legal, sino hacer más explícito, en el ordenamiento jurídico, lo que dice el código de fronteras Schengen y la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Esta nueva regulación en la Ley de Extranjería trata de dotar de una mayor seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil en la frontera, ya que dicha norma no ha variado desde 2005, haciendo más explícito lo que el ordenamiento jurídico ya recoge.

La actuación de rechazo en frontera que pretende impedir la entrada ilegal en España –ya insistió Interior cuando se habló de ello en el Congreso–, se llevará a cabo siempre con «pleno respeto a los derechos humanos» y «a las obligaciones derivadas de tratados internacionales firmados por España». Recuerdan que el pleno respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos siempre ha sido una «condición implícita» en la regulación del rechazo en frontera, y que este texto se lleva a cabo para dar una mayor seguridad jurídica con pleno respeto a las obligaciones asumidas por España en esta materia.

Para reforzar la seguridad jurídica, objetivo principal de esta enmienda presentada en la Cámara Alta, se incluirá también un nuevo párrafo donde se especifique que «las solicitudes de protección internacional podrán presentarse en los lugares destinados a tal efecto en los puestos fronterizos y que se tramitarán conforme a la legislación vigente en materia de asilo». Las personas que intenten entrar en España saltando las vallas de las ciudades autónomas no tendrán derecho a pedir asilo porque podrán hacerlo en las futuras oficinas.

El texto, con el fin de fortalecer las garantías, también ordenará al Ministerio del Interior la elaboración de un protocolo sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre cómo actuar en los perímetros fronterizos.