El Gobierno mantendrá la reforma que blinda el castellano

El Gobierno remite a CiU a la negociación en las conferencias sectoriales y, sobre todo, al trámite parlamentario para que presente las enmiendas que considere oportunas al proyecto de ley de reforma educativa que blinda el castellano «para garantizar la libertad de enseñanza y el derecho a la educación». Ahora bien, el núcleo de esa reforma se mantendrá, y dentro de este núcleo están los cambios para asegurar la proporcionalidad de la educación de castellano y catalán en Cataluña. Moncloa sostiene que la reforma presentada por el ministro Wert se ajusta a los términos fijados por el Tribunal Constitucional y el Supremo. «Ningún poder público puede considerarse ajeno a la doctrina de los tribunales», solemnizó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta también negó algunos de los eslóganes en los que se han envuelto los líderes de CiU para cuestionar la propuesta del Gobierno. Así, explicó que el catalán no se puede considera, asignatura troncal, como tampoco ninguna otra lengua cooficial, porque eso implicaría evaluar sobre su conocimiento al conjunto de los estudiantes españoles; negó, además, que quieran recortar la carga de horas en catalán; y subrayó que el Gobierno se mira en el modelo del bilingüismo integrador, que existe en Galicia o incluso en el País Vasco.

El Ejecutivo también tuvo que pronunciarse ayer sobre las excepcionales manifestaciones por la España constitucional, que se celebraron en Madrid y Barcelona en el Día de la Constitución. La dirección nacional del PP no envió a ningún representante de lo que hoy se entiende como equipo del jefe del Ejecutivo. Y ayer, midiendo muy bien las palabras, la vicepresidenta explicó que el Gobierno respeta el derecho de los ciudadanos a expresarse y manifestarse libremente. Y está muy atento a las peticiones de «todos los ciudadanos, cualquiera que sea el signo de la protesta». «Y cumple y hace cumplir la Constitución y las resoluciones de los tribunales», añadió. Sobre las propuestas de reforma de la Carta Magna, la posición está ya fijada: no se dan las condiciones para introducir ninguna modificación. Porque no hay consenso y porque ni siquiera hay acuerdo sobre qué se quiere cambiar y para qué. Moncloa alega, asimismo, que algunas de las propuestas que escucha –el PSOE plantea avanzar hacia el federalismo, por ejemplo– exigen una reforma agravada de la ley fundamental, que implica la disolución de las Cortes y nuevas elecciones, con el coste que esto supondría en un momento en el que las arcas públicas no están para gastos extraordinarios. «España afronta una difícil crisis económica y esto exige tener bien claro cuáles son las prioridades y qué es lo fundamental», precisó la vicepresidenta. También recordó al PSOE que hay problemas que no se arreglan con modificaciones constitucionales, sino con una adecuada gestión de la realidad, y citó como ejemplo la reforma de las administraciones públicas.