El Gobierno niega que en la legislación vigente el aborto sea un derecho

Se inclina por dejar la reforma como está, aunque ofrece diálogo en la negociación parlamentaria

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (c), y los ministros de Justicia, Rafael Catalá y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (c), y los ministros de Justicia, Rafael Catalá y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

La reforma del aborto ha vuelto a crear un lío al Gobierno. Todo viene de la negociación de la dirección del Grupo Popular, que pretendía que fuera discreta, con el reducido grupo de diputados, ni diez, críticos con la decisión de limitar la modificación de la «ley de plazos» a eliminar la cláusula que autorizaba el aborto de las menores sin consentimiento de sus padres. Ese intento de negociar con ellos sólo les ha servido para recibir a cambio filtraciones interesadas de la negociación por parte de los que se oponen a la reforma, con su correspondiente amplificación mediática. Ayer tuvo que salir el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a aclarar que en la legislación actual, la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, no existe ya jurídicamente reconocido como tal el derecho al aborto.

En las conversaciones impulsadas por la dirección, y frustradas porque pese a los esfuerzos no han servido para desactivar a todos los críticos, se les había ofrecido la posibilidad de modificar el artículo 18 de la ley para hacer un cambio formal. En él se habla del «derecho a la asistencia para la práctica de la interrupción». Hubiese consistido en quitar la palabra «derecho», pero manteniendo la garantía de la asistencia a la mujer que cumpla los requisitos que establece la «ley de plazos» para abortar. Pero como ayer informó este periódico, ésto no ha servido para corregir la oposición de un reducido grupo, tres diputados han confirmado que no apoyarán a su partido en la votación del martes de la toma de consideración de la proposición de ley que regula el cambio introducido en lo que afecta a las menores. Y, por tanto, esa enmienda no se presentará, sin perjuicio de que el Grupo Popular declare su disposición a buscar el máximo consenso en la tramitación parlamentaria.

Que el Gobierno y el Partido Popular se vean ahora obligados a acallar el ruido negando que el aborto sea un derecho de la mujer no es ninguna novedad, porque ésta ha sido su posición doctrinal en todo momento. Siempre han sostenido este principio y el martes volverán a hacerlo en la tribuna del Congreso. El debate real está en que hay un sector del partido que sigue reprochando a Mariano Rajoy que no haya seguido adelante con el proyecto legislativo presentado por el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón para derogar la «ley de plazos». De momento, han anunciado que no votarán a favor del texto Lourdes Mendez, Javier Puente y José Eugenio Azpiroz. Eugenio Nasarre se ha opuesto también frontalmente al proyecto. Del Pleno, irá a comisión, volverá a Pleno, y luego irá al Senado.

Ayer, el ministro Catalá recordó que en la Ley de Salud e Interrupción Voluntaria del Embarazo no hay un derecho al aborto como tal. «Pese a que a veces no se hace un análisis técnico y jurídico, no regula el derecho al aborto como tal. Hay un derecho a las decisiones de la mujer en materia de su conducta sexual y reproductiva, pero ese derecho al aborto no está en la Legislación», indicó, tras el Consejo de Ministros.

El ministro se remitió a la tramitación parlamentaria por si hubiera modificaciones en la proposición de ley presentada por el Grupo Popular. En principio, y después de haberse movido para convencer al sector más duro sin conseguirlo, la intención es dejarlo como está. Aunque ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló también a la negociación y a la búsqueda del consenso. «La proposición de ley que se ha presentado afecta a uno de los aspectos sobre los que hay más consenso y el Gobierno contribuirá a trabajar por ese consenso, aunque nuestra tarea en el debate parlamentario es más limitada». Recordó que la posición del Gobierno pivota en dos principios: hay dos bienes jurídicos a proteger, la embarazada y el no nacido, y la legislación debe buscar un equilibrio entre ambos.

Trámite parlamentario

- El próximo martes, 14 de abril el Congreso debatirá la toma en consideración de la propuesta popular sobre el consentimiento paterno de las menores que quieran abortar.

- Varios diputados del PP ya han dejado clara su intención de votar en contra por una cuestión de «conciencia». Entre ellos, Lourdes Méndez, José Eugenio Azpiroz y Javier Puente y Eugenio Nasarre.

- El plazo de presentación de enmiendas finaliza el 27 de mayo por lo que el PP aplazará el mal trago del debate de la ley hasta después de las elecciones municipales y aunonómicas.

- Tras su paso por el Pleno pasará a la Comisión de Justicia y luego de vuelta al Pleno para la votación. Pasteriormente irá al Senado, donde podrá ser aprobada o devuelta al Congreso de los Diputados.