El Gobierno publicará las «excusas» de Cataluña para gastar en embajadas

El Gobierno ha renunciado a algunos de los objetivos con los que inicialmente planteó la nueva Ley de Acción Exterior para amortiguar la oposición de Cataluña y de alguna otra comunidad, pero sobre todo del nacionalismo, a esta reforma. El arma arrojadiza desde la Generalitat catalana, o desde el País Vasco, ha sido la de siempre: descalificar como centralista todo lo que suponga avanzar en la armonización y la eficiencia en el modelo autonómico. En el proyecto, la integración de las llamadas «embajadas» autonómicas en las representaciones de España en el exterior no se impone como obligatoria, si bien el Ejecutivo se reserva la facultad de publicar la recomendación que les ha hecho, y la respuesta que las comunidades dan para rechazar esa propuesta, en el caso de que se les invite a unirse a la acción exterior de España, porque hay posibilidades de integrar recursos humanos y materiales.

Las «embajadas» autonómicas no se cierran por decreto, pero a cambio se amenaza con sacar los colores a aquellos Gobiernos autonómicos que no actúen de manera responsable en la gestión de estos recursos públicos. «Informaremos a los ciudadanos de la respuesta de las comunidades para que los votantes sepan por qué se ha desechado una opción de ese tipo», explicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La nueva ley pide a las autonomías que informen al Ministerio y al Comité Ejecutivo de Política Exterior cuando vayan a crear una oficina en el exterior para que se les traslade si hay alternativas más eficientes y baratas. En la norma final se ha atendido la sugerencia del Consejo de Estado de precisar que las comunidades deben supeditarse a los instrumentos de planificación de la acción exterior sólo en aquello enmarcado «en la definición de directrices de actuación propias de la política exterior del Estado o que se inserten en el ámbito de las relaciones internacionales de España».

García-Margallo resumió ayer el espíritu de esta reforma con la afirmación de que la Ley Exterior «permitirá tener una orquesta y no solistas desafinados» al impulsar que se aúnen esfuerzos entre el Estado y todos los demás agentes implicados en la diplomacia española. Como objetivos de la norma, señaló la integración de la acción exterior, la lealtad institucional, la colegiación en las decisiones y ganar en eficiencia ante una realidad marcada por unas perspectivas financieras «difíciles». «Actuar todos juntos de forma armónica y recreando sinergias es bueno para todos, es bueno para el Estado», explicó.

El Consejo de Política Exterior se constituye en el eje de los nuevos mecanismos de colaboración que se recogen en la ley. Éste es un órgano colegiado asesor del presidente del Gobierno en su tarea de dirección de la Política Exterior. El proyecto establece un sistema de información y comunicación de todas las actuaciones en el exterior y de los viajes y de las visitas al exterior de todos los actores que participan en la acción exterior. Y esto afecta también a las comunidades y a los presidentes autonómicos.