El recurso del Gobierno ante el TC paraliza el «euro por receta»

El Gobierno paraliza el cobro por parte de la Generalitat del euro por receta con un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que suspenderá la aplicación de esta medida, que se aplica desde junio. El Gobierno en funciones de Artur Mas respondió con la amenaza de que no retirará la propuesta y seguirá cobrando la tasa a sus ciudadanos. Pero el problema es que enfrente no tendrá ya una decisión política, sino una decisión jurisdiccional, con las consecuencias que de ello se derivan. En tanto el TC no resuelva el recurso, cobrar el euro por receta es ilegal.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó está decisión en el principio de la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan. Argumentó que las comunidades no pueden intervenir en la fijación de los precios de los productos sanitarios porque esto vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la Sanidad y la igualdad entre españoles. La tasa de la Generalitat no discrimina por renta, pero es que, además, «grava por dos veces la adquisición de medicamentos».

La Comunidad de Madrid tiene la intención de iniciar el cobro del euro por receta en enero, y en estos momentos negocia con el Gobierno una posible solución que evite llegar también hasta el Constitucional. Si no hay acuerdo, la respuesta del Ejecutivo será la misma que ha recibido la Generalitat. Sáenz de Santamaría precisó que en el caso de Madrid, no hay aún una norma que haya entrado en vigor. «Pero de aprobarse, tendremos que responder de igual manera que ya lo hemos hecho con otra comunidad», puntualizó.

Con esta decisión el Gobierno coloca además en una difícil situación política a la Generalitat y a CiU. Sus dirigentes se han envuelto en la bandera, de la mano de ERC, para blandir un discurso de insumisión frente a Madrid, como ya lo han hecho también en el caso de la reforma educativa. El consejero de Economía en funciones de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, tachó ayer el recurso de «sabotaje» a los esfuerzos de la Generalitat por cumplir con el objetivos de déficit. Y añadió que «se deberá interrumpir la aplicación de la tasa mientras sigamos en el Estado español».