El Gobierno recurrirá la libertad de los etarras sin fecha oficial de salida

El Gobierno confía en que la Audiencia Nacional sea «muy rigurosa» en la aplicación del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a los otros recursos de presos etarras y presos comunes que quieren seguir el camino de la terrorista Inés del Río, que ayer mismo fue excarcelada en ejecución de la citada sentencia que cuestiona la «doctrina Parot».

No es sólo que confíe, es que cabe decir que en el Ejecutivo dan por hecho que la Audiencia Nacional será estricta y sólo validará aquellos recursos de casos «absolutamente semejantes» al de la terrorista beneficiada por la resolución de la Corte europea contra la doctrina basada en un dictamen del Tribunal Supremo de 2006. En él se estableció que la ejecución de la totalidad de la condena comienza con las penas más graves y los beneficios se aplican individualmente sobre cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión según el Código Penal de 1973.

Para que sea «semejante», en el Gobierno entienden que debe darse, por ejemplo, la condición de que haya una resolución firme de fecha de salida del reo, previa a que a éste se le aplicase la «doctrina Parot», como así ocurrió con la etarra del sanguinario «comando Madrid». Es decir, entienden que es legítimo que se siga aplicando la citada doctrina a aquellos terroristas y delincuentes condenados por delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, siempre que se haga con anterioridad a la existencia de una resolución firme donde conste la excarcelación del preso.

Alcance de la pena

En el Ejecutivo mantienen que el TEDH deja margen para esta interpretación, en la medida en que en su fallo admite que ciertas iniciativas adoptadas por los estados tras la imposición de una pena definitiva o durante la ejecución de la misma pueden conducir a una redefinición o una modificación del alcance de la pena impuesta por el juez. «Estrasburgo considera que lo que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el hecho de que se aplique la doctrina a quienes ya tenían previamente fijada una fecha de excarcelación y no podían prever el cambio jurisprudencial», precisan desde el Ejecutivo.

En consecuencia, por caso semejante al de la etarra Del Río debe entenderse, según el Gobierno, aquel en el que haya una resolución previa firme de licenciamiento del preso. De no ser así, consideran que hay margen para recurrir una hipotética decisión de la Audiencia Nacional a favor de la excarcelación, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Ese margen para el recurso se utilizaría de darse esta situación. «El Ministerio Fiscal va a estudiar caso a caso. Y si en algún caso hubiera posibilidad, lo intentaríamos», explicaron ayer fuentes oficiales a este periódico. El recurso, de darse, tendría que agotar la instancia del Supremo y del Constitucional. No obstante, en el Ejecutivo están convencidos de que la Audiencia Nacional obrará conforme a su mismo criterio.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, confirmó ayer que la Fiscalía estudiará de forma individualizada si procede aplicar la sentencia del TEDH sobre la «doctrina Parot», informa Efe. En un desayuno de Nueva Economía Fórum aclaró que, a su juicio, la resolución del TEDH no cuestiona la revisión del recuento de los beneficios penitenciarios, sino la manera de aplicarla retroactivamente. Y que no establece un marco general, sino que resuelve un solo caso. Por tanto, el hecho de que la Fiscalía haya apoyado la aplicación de la sentencia de Estrasburgo a la terrorista Del Río no significa que vaya a ser así en todos los supuestos.