El Gobierno «rescatará» a 400 ayuntamientos en quiebra

Madrid- Hacienda se enfrenta hoy y mañana a dos importantes reuniones territoriales. Esta tarde se verá la cara con el poder municipal en la Comisión Nacional de Administración Local (CENAL) para abordar varias cuestiones relacionadas con la situación económica de los ayuntamientos. Y mañana se sentará con el poder autonómico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la agenda oficial figura fijar los techos de gasto y la nueva redistribución del déficit entre las tres Administraciones –la central, la autonómica y la local–, después de que la Comisión Europea haya flexibilizado los objetivos para los dos próximos años. Dos décimas más para este ejercicio que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha prometido repartir de manera «equitativa» entre todas las partes. Las dos reuniones estarán también muy condicionadas por el informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Pero al margen de estos controvertidos debates, el de la racionalización administrativa y el del déficit, que sigue aún muy abierto en lo que afecta a la negociación que el Ministerio está manteniendo con todas las comunidades para decidir el reparto asimétrico, el Gobierno trabaja en varias iniciativas dirigidas a salvar a ayuntamientos que están en una situación de emergencia y a dar oxígeno a otros tantos que tampoco consiguen salir del túnel.

Fuentes solventes confirmaron a este periódico que el Ejecutivo tiene muy avanzado el «rescate» de unos 400 ayuntamientos al borde de la quiebra. Esta medida está lista para ir al Consejo de Ministros. Como complemento trabajan también en un segundo plan de proveedores para intentar que se pongan al día las facturas pendientes y las deudas de la Administración Pública, en este caso local, que se han llevado por delante tantos pequeños negocios y a tantos autónomos durante esta crisis.

Frente a estos «agujeros negros» que siguen existiendo en el poder municipal el Gobierno pone en valor el hecho de que haya más de 4.500 ayuntamientos con superávit y que la Administración local haya cumplido en el pasado ejercicio con la cifra global de déficit.

Aun así, además de la nueva inyección de fondos el Gobierno ha estado negociando con ellos una flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que aquellos que han conseguido superávit puedan utilizar el remanente del crédito en inversiones. El poder municipal se queja insistentemente de la «rigidez» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en cuestiones como ésta.

Junto con estos «parches» el Gobierno estudia en estos momentos el informe jurídico del Consejo de Estado sobre la reforma local y su previsión es aprobarla por fin definitivamente a mediados de julio.

Las fuentes consultadas sostienen que esta reforma saldrá «con un pacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)», aunque el PSOE mantiene su rechazo a la misma. De hecho, el PSOE, IU y la Federación Canaria abandonaron ayer el Consejo Territorial de la FEMP tras oponerse el PP a la iniciativa socialista de convocar una Asamblea extraordinaria de alcaldes para debatir sobre el texto de la reforma local.