El Gobierno sienta con la oposición las bases para pactar su plan contra la corrupción

El empeño del Gobierno de conseguir el mayor consenso posible para sacar adelante su paquete de medidas para la regeneración democrática se tradujo ayer en un acuerdo con los grupos parlamentarios para abrir un trámite de negociación y de audiencia de expertos en la Cámara Baja.

De acuerdo con el calendario establecido, las reformas deberán estar aprobadas, en cualquier caso, en el último trimestre del año. Ésta es la condición establecida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, partidaria del diálogo y de la búsqueda del mayor acuerdo posible. Según entiende la vicepresidenta, éste es un asunto de Estado que exige la colaboración de todas las partes, especialmente del principal partido de la oposición, para garantizar su permanencia en el tiempo, gobierne quien gobierne. De hecho, Sáenz de Santamaría ya frenó la presentación de las enmiendas al Código Penal para regular el nuevo delito de financiación ilegal de partidos también por el mismo motivo: buscar el consenso con la oposición.

La reunión con los grupos que presidió Sáenz de Santamaría en el Congreso duró alrededor de hora y media, y de esta primera puesta en común salió un plan de trabajo que se irá sustanciando en las próximas semanas. En abril empezarán las comparecencias de expertos para que analicen los dos anteproyectos de ley que ha llevado el Gobierno al Consejo de Ministros: el que regula el control de la actividad económico-financiera de los partidos y la nueva regulación del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. En junio, Gobierno y grupos presentarán sus conclusiones y comenzará la negociación sobre las posibles aportaciones y cambios a introducir en los dos anteproyectos legales, que se aspira que puedan ser aprobados en el Parlamento como proposiciones de ley con el respaldo del mayor número posible de grupos.

En la reunión el PSOE se quedó solo en su petición de que se constituya una subcomisión parlamentaria, propuesta rechazada por el Gobierno porque retrasaría considerablemente la puesta en marcha de este ambicioso plan de regeneración democrática que anunció Mariano Rajoy en el Debate del Estado de la Nación de 2013, en respuesta a la presión que entonces sufría el PP por el «caso Bárcenas». Aquella propuesta fue ya respaldada por la mayoría de la Cámara, aunque el PSOE se abstuvo entonces, junto con Izquierda Plural, con el argumento del citado «caso Bárcenas». Los socialistas han estado manteniendo una posición ambigua envuelta en distintas exigencias.

CiU, sin embargo, a través de su portavoz en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, valoró ayer positivamente la posición del Gobierno. «De entrada, la música suena bien, pero habrá que ver si el final de la película es del agrado de todos», sentenció, informa Servimedia. A su juicio, es «básico» para resolver la buena imagen de las formaciones políticas afrontar una reforma de su financiación con «transparencia» y «austeridad», pero sin olvidar «la suficiencia económica para que los partidos políticos puedan funcionar».

En conclusión, la cumbre que presidió la vicepresidenta sirvió para sentar las bases para poner en marcha un procedimiento parecido al que rodeó la tramitación de la Ley de Transparencia. El Gobierno confía en que, más allá de posiciones partidistas, los partidos valoren que la opinión pública no entendería que pusiesen piedras en una reforma que tiene como principal objetivo endurecer los controles contra la corrupción y la respuesta institucional y jurídica contra los corruptos.