El Gobierno vasco destina una partida genérica para pagar a los «verificadores»

Los sueldos de los «verificadores internacionales» podrían estar incluidos en el Presupuesto de Acción Exterior del Gobierno vasco, donde en 2014 figuran seis partidas por un total de 110.500 euros por servicios de «profesionales independientes», sin detalles sobre esos servicios, en contraste con otras partidas más precisas como, por ejemplo, los 30.000 euros destinados a la «recopilación de testimonios orales de la emigración vasca». Aunque el Gobierno vasco no reconoce pagos, políticos de la oposición manifestaron a LA RAZÓN que hay partidas genéricas donde es fácil colocar el pago de los sueldos de los verificadores y más aún sus gastos.

En el Presupuesto de Acción Exterior del Gobierno vasco hay otra partida única de 180.000 euros, consignada como «otros servicios prestados por terceros», donde también tendría encaje el pago a los «verificadores internacionales» a los que Iñigo Urkullu respaldó personalmente al acudir a Madrid el pasado domingo, para hablar con ellos antes y después de su declaración en la Audiencia Nacional, cuando el lendakari es una persona que, si no hay actos muy concretos de su partido, dedica habitualmente los domingos a estar con su familia.

Teniendo en cuenta que los «verificadores internacionales» manifestaron ganar 700 euros diarios, con estas dos partidas habría fondos para pagar la labor de los seis miembros de la Comisión Internacional de Verificación durante sesenta y nueve días. No es mucho dinero, pero suficiente si se tiene en cuenta que el Gobierno vasco no es el único que financia la estrategia de internacionalización de ETA, cuyo objetivo es presentar el terrorismo vasco como un conflicto político entre dos bandos.

Hay además otras partidas inespecíficas en el presupuesto de Acción exterior del Gobierno vasco, donde solo se consigna «otros servicios» y que ascienden a 94.310 euros. Estas partidas llaman la atención en un presupuesto muy detallado, donde los profesionales que realizan «estudios onomásticos» o «estudios genealógicos» cobran en ese concepto y no genéricamente como servicios de profesionales.

El Gobierno vasco gasta un total de 7.568.983 euros en Acción Exterior y hay múltiples partidas dedicadas a gastos de alojamiento y transporte, en las que encajarían los gastos de la visita de los «mediadores internacionales» al País Vasco y probablemente también los derivados de su estancia en Madrid con motivo de prestar declaración ante la Audiencia Nacional.

Aunque la figura del «verificador internacional» es una novedad en el País Vasco, la utilización de extranjeros teóricamente expertos en resolución de conflictos políticos por parte del entorno etarra tiene precedentes.

Ya hace dos años un «Grupo Internacional de contacto» viajó a San Sebastián con Brian Currin a la cabeza para participar en la Conferencia Internacional de Paz de Aiete organizada por la «red ciudadana por el acuerdo y la consulta», Lokarri, que contó con apoyo institucional del Ayuntamiento y la Diputación de Guipúzcoa, gobernadas ambas por Bildu. La novedad en estos momentos es la implicación tan directa del Gobierno vasco y del lendakari, que han tomado el relevo a la izquierda abertzale en esa estrategia.