El horizonte judicial de Mas: imputado por el 9-N y la sombra del «caso 3%»

El president necesita repetir como diputado para mantener su condición de aforado. Si dejase la política, la causa seguiría en el TSJC si Rigau continúa en el Parlament

El futuro político de Artur Mas también afecta a su horizonte judicial. Si, como reclamaba ayer el dirigente de ERC Joan Tardà, el president termina por echarse a un lado, ese gesto no sólo enterraría el hacha de guerra y evitaría unas nuevas elecciones, sino que, además, acarrearía la pérdida de su condición de aforado siempre y cuando no repitiera como diputado autonómico en el Parlamento catalán.

Mas está actualmente imputado (investigado, según la nueva terminología de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por desobediencia grave por la consulta soberanista del 9-N, que se celebró en 2014 pese a la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Constitucional (TC). Su partido, además, está acechado por la investigación judicial del «caso del 3%», el supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que provocó el registro de la sede de Convergència el pasado octubre (por segunda vez en apenas dos meses) y dio con su tesorero, Andreu Viloca, en prisión (de la que pudo salir tras pagar su partido en tiempo récord 250.000 euros de fianza).

Las adjudicaciones bajo sospecha también salpican a los mandatos de Mas, por lo que la investigación judicial acumula un motivo más de preocupación para el president en funciones y un argumento añadido para evitar perder su aforamiento.

Denuncia por rebelión

Un tercer frente, por ahora apaciguado, es el de la querella por rebelión y sedición que presentó contra él Manos Limpias el pasado octubre y que, un mes después, inadmitió a trámite el Tribunal Superior de Cataluña, que no apreció que Mas alentase «un alzamiento violento y público» para situarse al margen de la Ley y proceder a la «desconexión» con el resto de España.

Sí sigue adelante el «caso 9-N», en el que el instructor de la causa contra Mas por desobediencia, el magistrado Joan Manuel Abril, no descarta que, en función del rumbo de la instrucción, también se le puedan imputar delitos de prevaricación y malversación (por utilizar presuntamente fondos públicos de la Generalitat en la consulta soberanista pese a la suspensión del Constitucional.

La causa está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –tras la denuncia presentada por Manos Limpias y la posterior querella de la Fiscalía– por la condición de aforados de los tres investigados (además de Mas, la entonces vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera en funciones de Educación, Irene Rigau), en el momento de la formalización de la denuncia en 2014.

El divorcio CDC-Unió precipitó el adiós a la política de Ortega, perdiendo su condición de aforada, pero el TSJC siguió instruyendo el procedimiento dado que tanto Mas como Rigau mantienen el fuero. En caso de que Mas renunciara a repetir como president para facilitar el pacto soberanista y, sin embargo, siguiese como diputado, continuaría siendo aforado. Si abandonase la política, perdería esa condición, pero la causa seguiría en el TSJC si Rigau repitiese como diputada (para evitar dividir el procedimiento), como sucedió con el «caso de los ERE» en el Tribunal Supremo, tras la renuncia de Chaves y Griñán, por el aforamiento de José Antonio Viera, que mantuvo su acta de diputado.

Tres meses sin conocer su declaración

El próximo día 15 de enero se cumplirán tres meses de la declaración como imputado de Artur Mas ante el magistrado del TSJC que le investiga por su papel en el 9-N. Hasta ahora, el magistrado Joan Manuel Abril no ha dado traslado aún a las partes del contenido de esa declaración prestada el 15 de octubre del pasado año (que normalmente se facilita en formato audiovisual, por lo que ni siquiera hay que esperar a que se efectúe la transcripción de sus palabras). Fuentes jurídicas calificaron de inusual esa tardanza y la achacaron a la intención del instructor de no entorpecer el proceso postelectoral en Cataluña.