El interrogatorio del juez Castro a la Infanta Cristina

El juez le preguntará por su papel en Aizoon, los gastos personales cargados a la sociedad, el cruce de facturas y si estaba al tanto de las actividades de su marido.

A 48 horas de que la Infanta Cristina comparezca como imputada ante el juez José Castro, la hija del Rey ultima con sus abogados la declaración en los juzgados de Palma de Mallorca del próximo sábado. El interrogatorio al que tendrá que enfrentarse la duquesa de Palma es una incógnita, pero las resoluciones del magistrado en los últimos meses –en especial el auto de imputación de la Infanta del pasado 7 de enero– perfilan las líneas maestras de las cuestiones que le planteará el instructor del «caso Nóos» para intentar hallar indicios de que, como mantiene el juez, pudo cometer delito fiscal y blanqueo, bien a través de Aizoon (la empresa que compartía con Iñaki Urdangarín) o como cooperadora necesaria de los presumibles delitos fiscales cometidos por su marido en el IRPF de 2007 y 2008, una posibilidad que descartan tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Éstas son algunas de las cuestiones sobre las que, a buen seguro, preguntará el juez Castro a Doña Cristina:

¿Con qué objetivo creó en 2003 la sociedad Aizoon junto a su marido, Iñaki Urdangarín?

El juez Castro sostiene que Aizoon, la empresa compartida por los duques de Palma al 50 por ciento, se creó con el objetivo de repartir los beneficios que el Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, «obtenía ilícitamente» y que repartía entre el entramado societario mediante «el giro cruzado de facturaciones ficticias». La Audiencia de Palma de Mallorca ya desvinculó a la Infanta, en mayo del pasado año, de la gestión de Nóos y de los delitos que el magistrado imputa a los entonces socios: tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. No obstante, Castro necesita recopilar indicios de que Doña Cristina conocía que Aizoon se constituyó con un supuesto ánimo defraudatorio para considerarla cooperadora necesaria de los delitos fiscales que Hacienda imputa a su marido en el IRPF de 2007 y 2008 por tributar sus ingresos como consejero de empresas privadas a través de Aizoon y no como renta personal, con el consiguiente ahorro tributario. Esa hipotética imputación por delito fiscal es clave para poder acusarla también de blanqueo.

¿Participaba en la administración de Aizoon o realizaba algún papel en esta sociedad?

Aunque a lo largo de la investigación hay sobrados indicios de que la administración de Aizoon corría a cargo de Urdangarín, el instructor quiere esclarecer qué papel jugaba la Infanta en esa sociedad que compartía con su esposo. En marzo pasado, el propio magistrado aseguró, en el auto en el que rechazaba citarla como imputada, que en la causa no aparecía «ningún testimonio» que involucrara a Doña Cristina en la toma de decisiones «de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres».

¿Su presencia en esa empresa perseguía «tener un escudo frente a Hacienda»?

Castro preguntará seguro a la Infanta por las palabras del ex asesor fiscal del Instituto Nóos y sus empresas satélite Miguel Tejeiro, quien según contó al juez el notario Carlos Masià, ante el que se constituyó la sociedad Aizoon, le aseguró que la presencia de la hija del Rey en la empresa obedecía al objetivo de «tener un escudo frente a Hacienda». En el auto de imputación, el instructor aseguró que sería «de una ingenuidad imperdonable» que a Doña Cristina se le hubiese ocultado ese propósito y, en todo caso, que «ella no lo adivinase y prestara a ello su tácita conformidad».

¿Por qué cargaba gastos personales a Aizoon que no guardaban ninguna conexión con la actividad profesional de la sociedad?

El instructor del «caso Nóos» interrogará a la Infanta en relación a los gastos personales pagados a cuenta de Aizoon por la Infanta, sobre los que la Fiscalía ha puesto de relieve su «nula relevancia penal» y la Agencia Tributaria ha descartado que la cuota supuestamente defraudada supere los 120.000 euros que delimitan la existencia de delito fiscal. Para Castro, se trata de un reparto de beneficios encubierto, «fiscalmente opaco», que evitaba incrementar la base imponible del Impuesto sobre la Renta de los cónyuges y, al mismo tiempo, del Impuesto de Sociedades (al contabilizarse como gastos de explotación de la sociedad).

El mismo magistrado admitía en el auto de imputación de la Infanta que «no parece probable» que las cantidades supuestamente defraudadas, que según él es «imposible determinar», superaran el umbral de los 120.000 euros. El razonamiento del juez terminaba con un desahogo: aunque admitía que el administrador de la sociedad era su marido, «no parece que a nadie debiera escandalizar», añadía, «que se pretenda formularle preguntas al respecto» a la duquesa de Palma. Y eso es lo que hará el próximo sábado.

¿Sabía de dónde salía el dinero con el que se pagaban esos gastos de carácter personal?

Con respecto a los eventos de carácter privado (cumpleaños, comuniones y celebraciones familiares) que se pagaron a través de Aizoon, el juez presume que la hija del Rey «debió participar activamente» en la organización y presupuestos de esos eventos. «Si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido –insistía el juez en su resolución del pasado 7 de enero– no pudo pasársele por alto» que se facturaron a través de Aizoon, una cuestión sobre la que incidirá en su interrogatorio.

¿Por qué motivo Aizoon pagó en 2007 a Inuit, la consultora de Diego Torres, tres facturas de 69.990 euros?

Estas facturas son el principal punto de controversia entre el juez Castro y los inspectores de Hacienda que han exculpado a la Infanta en todos sus informes. Para el magistrado, que la Agencia Tributaria considere deducibles unos documentos con «serias y graves irregularidades». Según él, en caso contrario se superaría la cuota defraudada de 120.000 euros y sí habría delito fiscal. Pero tanto Hacienda como la Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que, al tratarse de un mero reparto de beneficios entre Urdangarín y Torres, el movimiento de dinero existió realmente aunque el concepto no se corresponda con la realidad. Contabilizado como ingreso de Torres a la hora de evaluar sus posibles irregularidades fiscales, sostienen, debe considerarse obligatoriamente como un gasto de Aizoon al estar constatado que el desembolso se produjo. Preguntar al respecto a la Infanta, sostiene el magistrado, no hace «tambalear los pilares del Estado de Derecho, más bien todo lo contrario».

¿Conocía las irregularidades que se estaban cometiendo en Aizoon?

Castro quiere saber «hasta qué punto» estaba «de facto llamada a conocer las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad» y si ejerció algún control sobre las tareas de administración.

¿Sabía que su esposo facturaba a través de Aizoon sus ingresos como consejero de empresas privadas?

El juez considera que esta actuación –por la que al duque de Palma se le imputa un delito fiscal en el IRPF de 2007 y 2008– no se pudo producir «sin la decisiva intervención» de los dos socios de Aizoon y preguntará al respecto a la Infanta.