El interventor: «Griñán pudo acabar con el fraude con una orden verbal»

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez dijo en su declaración judicial sobre los ERE que al presidente andaluz, José Antonio Griñán, "los informes de auditoría no le importaban nada"y que sus explicaciones sobre el caso reflejan su "displicencia, pasividad e incuria".

La declaración del ex interventor general Manuel Gómez ante la juez instructora de los ERE deja sin salida al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por su gestión como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. En la base de la responsabilidad de Griñán están los 15 informes que recibió de la Intervención General, uno de ellos especial –adicional de cumplimiento–, en los que el máximo órgano de fiscalización de la Administración andaluza alertaba de graves irregularidades. La Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y la fórmula elegida para los pagos, la transferencia de financiación, generaba un enorme problema contable. La principal consecuencia, grandes desajustes que en 2005 superaron los 95 millones.

Griñán ha alegado todo este tiempo que las alertas no le llegaron porque su entonces viceconsejera, la actual consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, no le trasladó estos informes. Además, la Consejería que debía actuar, según la quebradiza defensa de Griñán, era Empleo y no Hacienda. El interventor general entre 2000 y 2010 destroza esta empalizada tras la que se ha parapetado el máximo mandatario andaluz. Y lo hace con un tono incisivo. Señala que «no le consta que el consejero –en referencia a Griñán– conociera el detalle del informe adicional, pero es impensable que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones y posteriormente 95, provocado por uno solo, el director general de trabajo. Era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta».

El «agujero» que provocaban la transferencia de financiación al ente instrumental encargado de materializar los pagos –agencia IDEA–, ya que se dispusieron grandes partidas fuera de cobertura presupuestaria, es uno de los nudos principales. El ex presidente Chaves ha llegado incluso a decir que se enteró del caso por la Prensa. Pero difícilmente, según la línea de argumentación del interventor, un problema administrativo con efectos económicos tan graves no era de público conocimiento de toda la cúpula del Gobierno. El interventor reconoce que desfases de tal envergadura podían afectar al déficit. De ahí que Manuel Gómez, según dijo el jueves en su declaración, comentara en 2005 con la entonces «número dos» de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, los problemas que se estaban produciendo sobre «el déficit y el uso inadecuado de las transferencias de financiación».

Lo que no existió fue la orden para paralizar el procedimiento. El informe especial de 2003 lo recibieron en 2005 tres consejeros: Hacienda, Innovación y Empleo. Ninguno actuó. El interventor recordó la respuesta de Griñán cuando una diputada de IU le dijo por qué no hizo caso a los informes: «Si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, será el vecino el que tendrá que solucionar el problema».

«Esta contestación leída no hace justicia a la impresión que ocasiona presenciar dicha respuesta, que pone de manifiesto una total displicencia y pasividad, y la incuria de la respuesta lo único que pone de manifiesto es que a Griñán los informes de auditoría no le importaban nada». Fue la declaración con la que cerró su intervención.Como señaló en la carta remitida al Parlamento en noviembre, Griñán pudo acabar con el fraude en 24 horas. Era tan fácil, según Gómez, como que el consejero de Empleo o el resto de consejeros que recibieron los informes –Griñán entre ellos– «dieran una orden, incluso verbal».

No hizo todo lo posible

La magistrada Mercedes Alaya considera, no obstante, que Manuel Gómez no hizo todo lo que estaba en su mano por parar el fraude. Le imputa prevaricación y malversación «por dictar informes u omitir los mismos, acción u omisión que quebrarían de manera esencial el ordenamiento jurídico y que permitirían en connivencia con otros el torcimiento de la ley y del derecho y el menoscabo de los fondos de la Junta durante una década». «Pese a conocer esta reiterada ilicitud y que la Consejería de Empleo estaba contrayendo con IFA/IDEA obligaciones que superaban extraordinariamente los límites de los créditos presupuestarios aprobados por ésta», Gómez -señala la juez- «obviaría conscientemente el incumplimiento de la legalidad vigente».

Expone Alaya cuatro motivos fundamentales. El primero, que informó favorablemente 20 modificaciones presupuestarias, de las que seis eran contrarias a las leyes de presupuestos de 2000 y 2001, propuestas por la Consejería de Empleo entre 2000 y 2009 ascendentes a 145 millones de euros.