El juez certifica que ni Casals ni Marhuenda coaccionaron a Cifuentes

Cierra la investigación contra el presidente y el director de LA RAZÓN tras constatar que no existió «campaña» alguna contra la presidenta de Madrid para favorecer a Edmundo Rodríguez Sobrino

Francisco Marhuenda tras su declaración ante el juez
Francisco Marhuenda tras su declaración ante el juez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acuerda, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals.

Cinco días después de tomar declaración al presidente y al director de LA RAZÓN, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, en relación a unas supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el marco de la investigación del «caso Canal», el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado las actuaciones 24 horas después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, al no apreciar indicios de delito.

En su resolución, el instructor del citado procedimiento, asegura que «aunque indiciariamente» del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación al ex presidente de Inasa (la filial del Canal de Isabel II en Iberoamérica) Edmundo Rodríguez, imputado en la causa y actualmente en prisión, y de las reuniones de Casals en un reservado con los dos principales investigados en la trama «pudo desprenderse que los sres. Casals y Marhuenda podrían haber estado realizando actividades propias de su empleo tendentes a minorar las posibilidades incriminatorias futuras» de Rodríguez, las investigaciones practicadas la pasada semana obligan, concluye Velasco, a «acordar la desinvestigación, sobreseimiento provisional y archivo» respecto a ambos.

En primer lugar, destaca el magistrado, la propia Cifuentes manifestó en su declaración judicial que «no sólo no se sintió» coaccionada por el director o el presidente del periódico, sino que «en ningún caso lo habrían conseguido», pues, aseguró, «no ha desviado su actuación de denuncia respecto de Edmundo Rodríguez» (la propia Comunidad de Madrid fue la que denunció a la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas en la gestión del Canal Isabel II en los año anteriores a su llegada la presidencia de la Comunidad).

Asimismo, añade el instructor, los interrogatorios a la directora de Gabinete de Cifuentes, Marisa González, y al consejero de Presidencia del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, «patentizan que los encuentros con Marhuenda fueron aprovechando actos coincidentes» y que Garrido, actual presidente de la empresa regional de agua, «no se llegó a reunir para hablar de ese tema, según manifiestan todos», lo que también excluye la imputación por obstrucción a la Justicia. El juez Velasco explica en su resolución que las declaraciones en la Audiencia Nacional de Casals y Marhuenda «dan una versión verosímil de lo que parecía más agravado en las intervenciones telefónicas tomadas aisladamente». Es, afirma al respecto, «la actuación de dos amigos que tratan, mediante “mentiras piadosas y paliativas”, de convencerle de que están actuando para que su implicación en el asunto del Canal no avance» hacia la denuncia de la Comunidad de Madrid de la gestión de Rodríguez, consejero del diario.

Del archivo documental aportado por Marhuenda (entregó al juez todas las informaciones publicadas sobre Cifuentes en el diario) puede entenderse, dice Velasco, que LA RAZÓN «no hizo una campaña especial o muy distinta contra el Gobierno de la sra. Cifuentes de la propia de una línea editorial», lo que, según él, explica «episodios como los que aparecen en las escuchas» (la «baja» del periódico a Garrido «por una tasa que nunca dijo que iba a imponer o las dos o tres veces en que publican algo que “hace pupa” a Marisa”). Los hechos, en definitiva, «no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones por unos delitos del artículo 172 ó 570 bis del Código Penal» (coacciones y pertenencia o cooperación con organización criminal).

En tercer lugar, destaca el juez del «caso Canal», Edmundo Rodríguez reconoció que la actuación de Marhuenda y Casals, que fueron imputados el pasado 22 de febrero en un auto que no trascendió, «era para ayudarle emocionalmente y no para torcer la actuación de colaboración de la Comunidad de Madrid, reforzando la idea final» de que la actuación de los dos investigados «no es delictiva».

En su comparecencia del pasado jueves ante el instructor y los dos fiscales Anticorrupción, Marhuenda afirmó que «nunca, nunca nunca» se ha coaccionado o presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid» y que «nadie podrá decir» lo contrario. «La propia presidenta podrá decir que en mi vida la he presionado, que en mi vida he intentado influir en un proceso judicial, para nada». Esta versión fue confirmada por la propia declaración que realizó Cristina Cifuentes. Del mismo modo, negó haber intentado obstaculizar la investigación de este procedimiento cuando se encontraba en fase de investigación por parte de la Fiscalía. Ahora, el juez confirma todos estos extremos en el auto donde archiva la investigaciónrespecto al director y al presidente de LA RAZÓN.

Las claves de la resolución

El juez esgrime tres argumentos principales para concluir que ni Marhuenda ni Casals coaccionaron en modo alguno a Cifuentes ni obstaculizaron la investigación judicial. En primer lugar, que la presidenta madrileña lo negó en su declaración. En segundo lugar, que tanto el director como el presidente de LA RAZON dieron una versión «verosímil» en sus comparecencias, en las que explicaron el contexto de las conversaciones con Edmundo Rodríguez Sobrino, y, como tercer aspecto relevante, que el propio Sobrino aseguró que ambos sólo querían ayudarle emocionalmente y no hicieron nada.