El juez cita a declarar como imputados a los tres últimos presidentes de Adif

El juez Aláez ha citado a declarar como imputados a 23 cargos de Adif en relación al accidente ferroviario del pasado 24 de julio. Entre los imputados figuran los tres últimos presidentes del ente.

El presidente de ADIF (administrador de infraestructuras ferroviarias), Gonzalo Ferre, y sus dos antecesores en el cargo, Enrique Verdeguer y Antonio González Marín, tendrán que declarar como imputados ante el juez Luis Aláez por el accidente ferroviario del pasado 24 de julio en Santiago de Compostela en el que murieron 79 personas. El primero lo hará el próximo 10 de octubre y los otros dos, el 11 de diciembre. No serán los únicos. El magistrado ha imputado también a otros 19 responsables o ex altos cargos del gestor ferroviario. A todos ellos les reprocha –en un auto notificado ayer– al menos «una grave falta de diligencia» al no prever las posibles consecuencias de cambiar el sistema de seguridad ERTMS proyectado en el tramo siniestrado por el de ASFA, lo que implicaba «una evidente pérdida de seguridad en la circulación».

Aláez recuerda en su resolución que el sistema ASFA «no da respuesta ante el previsible fallo o error del maquinista», a diferencia del ERTMS (superada la velocidad máxima permitida, si el conductor no frena lo hace el sistema automáticamente). Sin embargo, añade el instructor, los responsables de la seguridad en la circulación del ADIF «autorizaron dicho cambio» sin exigir ninguna medida adicional «que reforzase la seguridad, como podría ser la señalización en la vía de la reducción de velocidad por la curva o la instalación de balizas asociadas al sistema ASFA que provocasen el frenado autómatico de no reducir la velocidad el maquinista».

El juez ya avisó en una resolución del pasado día 10 de la imputación de un rosario de responsables de ADIF a los que vinculaba con la seguridad con la línea siniestrada. Sólo faltaba ponerles nombre y apellidos, lo que el magistrado solicitó al gestor ferroviario, que ya entonces recurrió ese auto de Aláez, una iniciativa procesal todavía pendiente de resolver. En su recurso, la Abogacía del Estado se quejaba de que el magistrado atribuyese a la nueva lista de imputados «una especie de capacidad visionaria que les hubiera permitido representarse y prever la posibilidad de que existiera un comportamiento imprudente de naturaleza tan grave» como el que ocasionó el accidente ferroviario. En ese mismo auto, el juez imputó a otros cinco responsables de ADIF, que declararon ante el magistrado la pasada semana.

Para el instructor, los responsables debieron corregir esa merma en los sistemas de seguridad por los que finalmente se optó «en un tramo muy delicado para la circulación de una línea de Alta Velocidad y, en consecuencia, para la vida e integridad de los usuarios». Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela aventura que un sistema que no da respuesta al error humano «se presenta, sin necesidad de especiales conocimientos, inválido» para el tramo ferroviario «donde se produjo el descarrilamiento».

En opinión de Aláez, los gestores de ADIF eran «conocedores» de que ese tramo de la línea de Alta Velocidad Orense-Santiago «comprendía una curva que imponía una importante reducción de velocidad y que si no se ejecutaba a la velocidad adecuada podía conducir a desastrosas consecuencias». Pero, añade el magistrado, al elegir el sistema ASFA se dejaron primar «otros intereses no clarificados».