El juez cree que Acuamed «favorecía escandalosamente a intereses privados»

Velasco reprocha al ex director de la empresa pública que «vistiese el santo» para adjudicar obras «a sus amigos»

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco –que investiga el supuesto fraude de Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura– sostiene que el ex director general de este organismo, Arcadio Mateo, se dedicó a «favorecer escandalosamente intereses de carácter privado». Así se lo reprochó el magistrado a Mateo el pasado 20 de enero durante su comparecencia como investigado en la Audiencia Nacional, en la que se negó a declarar, dijo, «hasta que no tenga un conocimiento detallado de las actuaciones».

Ante el silencio del ex alto cargo, el juez Velasco aprovechó para recordarle los hechos que se le imputan y los delitos que podría haber cometido. «Usted se lleva todo el conjunto de los delitos», le espetó antes de enumerarlos uno a uno: falsificación en documento público, fraude a la Administración, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y concertación para alterar el precio de las licitaciones.

Así consta en la grabación de la comparecencia –previa a su ingreso en prisión– incorporada al sumario de la «operación Frontino», cuyo secreto de sumario levantó el juez hace unos días.

El instructor –que se confiesa «muy deteriorado después de todas las horas y el esfuerzo» de los interrogatorios previos– hace al investigado una somera descripción de los motivos que le han llevado a declarar. Y le recuerda que están bajo sospecha «seis contratos que como director general adjudica a sus amigos en contra de lo que dicen los ingenieros técnicos o bien se concierta con ellos que tienen informaciones previas».

Velasco considera que la supuesta trama actuó como una «organización criminal» en la que otra de las investigadas, la ex directiva de Acuamed Gabriela Mañueco, actuaría como «mano derecha» de Arcadio Mateo.

En un momento del interrogatorio sin respuestas, el instructor muestra su extrañeza por el hecho de que «en un año y medio que le estamos investigando ha despedido usted o ha removido de sus puestos a tanta gente que no sé si eso es normal en una empresa privada, pero desde luego no parece propio de una empresa de carácter público».

Velasco enumera los presuntos fraudes que habrían cometido los entonces responsables de Acuamed en la adjudicación, entre otras, de las obras de las desaladoras de Bajo Almanzora (Almería), Mutxamel Campello y Torrevieja (Alicante) y las presas de Rambla Gallinera, también alicantina, y la del río Serpis (Valencia).

Las denuncias de irregularidades por parte del juez son constantes, pues le echa en cara que se haya inventado acuerdos «en contra de la legislación» sin ningún reparo en «enterrar los intereses públicos», le recuerda el «descontrol» de las obras y le reprocha que haya «amañado» adjudicaciones «en contra absolutamente de los criterios técnicos», «vistiendo el santo» para otorgarlas «a sus amigos», recurriendo incluso a facturar obras «que no existen».

En el registro de su domicilio, apunta el juez ante el silencio de Mateo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron billetes de 500 euros cuyo origen, añadió, «no ha sabido explicar», sugiriendo Velasco que podrían proceder de presumibles compensaciones de empresas privadas. Y le recuerda que una de las empresas adjudicatarias le obsequió con «viajes a Turquía e implantes de pelo».

En un momento dado, el magistrado le pregunta directamente si las cantidades supuestamente defraudadas «¿eran para financiar a un partido político o para meterse usted el dinero en el bolsillo?».

Otra de las declaraciones que constan en el sumario es la del ex director general de Ingeniería de Acuamed Francisco Valiente, despedido por Mateo y que fue quien denunció las supuestas irregularidades. Valiente hizo referencia en su declaración al juez del pasado 19 de enero a las obras de la desaladora almeriense de Bajo Almanzora, adjudicadas a una UTE (unión temporal de empresas) integrada por FCC y Abengoa. Según Valiente, Acuamed compensó a las adjudicatarias de forma indebida con 40 millones de euros –después de que la obra se inundara y quedara «arruinada»–, que se consignaron en los presupuestos generales de 2015 y 2016. Una decisión, dijo, precedida de un acuerdo «al máximo nivel». Y aludió incluso a diversas reuniones con la cúpula de Agricultura, a algunas de las cuales, según relató, habría asistido el entonces ministro Miguel Arias Cañete.

La adjudicataria, explicó, «quería cobrar una liquidación del 20%, unos tres millones, y a mí eso me sorprendió bastante», porque lo normal, dijo, es «hacer la reparación y luego exigirle lo que fuese».

En otro momento del interrogatorio, y en relación a la desaladora El Campello, que supuestamente Mateo quiso adjudicar a dedo, éste se habría intentado excusar con Valiente: «Paco, esto es así, no es cosa mía, hay mucha gente ahí... del partido y tal (...) Los contratistas tienen que vivir...».