El juez imputa al presidente de Adif que nombró Magdalena Álvarez

La semana para Magdalena Álvarez no ha sido, precisamente, para celebrar. Comenzó con la confirmación de su imputación por los fraude de los EREs y la termina con la imputación de quien nombró, cuando era ministra de Fomento, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio González Marín (actual secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía), por el accidente del descarrilamiento del tren Alvia el 24 de julio en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, donde fallecieron 79 viajeros. El juez Luis Aláez, quien instruye esa causa, adopta la misma decisión respecto al que fuera director de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte López y a nueve miembros del consejo de administración del organismo cuando se abrió la línea Ourense-Santiago. Todos ellos ocuparon esos cargos cuando el titular de Fomento era José Blanco, y a quienes el instructor considera que eran los responsables de la seguridad en la circulación ferrorivaria. El magistrado aprecia indicios de la comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, homicidio y lesiones. En el auto, el juez destaca que el número de personas que viajarían a diario en ese tren y pasarían por la curva donde del accidente, «exigía velar por la seguridad máxima de la circulación», y, por tanto, «la adopción de unas medidas de seguridad ajustada a esa situación», y la competencia para ello «la tenían y la tienen los responsables de seguridad en la circulación de Adif». En ese sentido, el juez «censura» la utilización del denominado sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) cuando «las circunstancias concurrentes imponían, con arreglo a las pautas técnicas del sector, la utilización del Sistema de Empleo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). Así, deja claro la presunta responsabilidad de los ex directivos de Adif de haber incrementado «notablemente» el riesgo en esa zona: «Son esos responsables de Adif los que ordenan ejecutar un novedoso y complejo enlace ferrorivario que no tiene las medidas de seguridad suficientes». De esta forma, el descarrilamiento se produjo, presuntamente, por la «falta de adopción de medidas de seguridad» y de la «inadecuada actuación del maquinista».

Por otro lado, destaca cómo había «intereses circunstanciales y superpuestos a la seguridad» en la construcción y «apertura de una línea ferroviaria que resultara atractiva al público». «Se trataba de publicitar, transmitir a la sociedad, el logro de la prometida llegada de la Alta Velocidad a Galicia con la adelantada apertura de una nueva conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela...Es decir, había un objetivo propuesto, poner en servicio la llamada LAV (Línea de Alta Velocidad) Ourense-Santiago de Compostela en un plazo determinado como aparente línea de alta velocidad, es decir, sin serlo íntegramente, aún a precio de rebajar la seguridad». De esta forma se optó por prevalecer «determinados intereses –se deduce claramente que políticos– en la creación de este nuevo enlace ferroviario por los responsables de velar prioritariamente por la seguridad, que condujo a la construcción de un conmplejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes».