Rovira declara al juez que intentó suspender la votación del 1-O y Puigdemont se negó

A raíz de las declaraciones de Marta Rovira, que ha reconocido la existencia de una hoja de ruta del "procés", así como su firma en nombre de ERC, el juez decretó libertad bajo fianza de 60.000 euros. La ANC ha anunciado que pagará la fianza.

Las declaraciones previstas en el procedimiento que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena relacionado con el «procés», es decir, con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la celebración del posterior referéndum ilegal del 1-O entran en su recta final. Hoy comparecen, en calidad de investigadas, Marta Rovira y Marta Pascal, quienes ocupaban la Portavocía de Junts Pel Sí y número 2 de ERC y coordinadora general del PDeCAT, respectivamente. En un principio, la Fiscalía no tenía previsto solicitar la adopción de medidas cautelares contra ninguna de ellas, pero a raíz de las declaraciones de Marta Rovira, que ha reconocido la existencia de una hoja de ruta del "procés"así como su firma en nombre de ERC, el fiscal ha solicitado prisión eludible bajo fianza para ella y el magistrado, Pablo Llarena, la ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros.

La secretaria general de ERC también ha asegurado queel mismo 1 de octubre se celebró una reunión a la una de la tarde con varios miembros del Ejecutivo, de la CUP y de Junts pel Sí, cuyos nombres no ha concretado.

En esa reunión, ha dicho que ella propuso que, en vista de la violencia policial, se suspendieran las votaciones, pero nadie lo apoyó.

Especial relevancia adquiere la presencia de Marta Rovira como investigada, toda vez que las investigaciones policiales la sitúan dentro del reducido círculo que participaba y tomaba decisiones claves en todo lo relacionado con la celebración del referéndum. Incluso «negoció», junto a dirigentes de Junts pel Sí y la CUP, la configuración del Gobierno que debía presidir Carles Puigdemont. De hecho, según se recogía en el documento EnfoCAT, incautado en el domicilio de Josep María Jové, tanto Marta Rovira como Marta Pascal integrarían el exclusivo« Comité Ejecutivo», del que también formaba parte el huido Carles Piuigdemont, los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez yJordi Cuixart, respectivamente, la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y el ex vicepresidente de la Cámara Lluis María Corominas. El papel de Rovira era de tal calibre que, según consta en la agenda incautada a Jové, fue una de las cinco asistentes, el 7 de febrero de 2015, a una reunión «de hoja de ruta y programa» en la que se perfilaron las cuatro etapas que que había que recorrer hasta alcanzar la independencia: preparar el nuevo Estado, lograr el reconocimiento internacional, creación de las estructuras de Estado y adopción de medidas sectoriales. Además, ya se dejaba constancia de la constitución del nuevo Gobierno, que debía «encargarse de la gestión ordinaria y de crear estructuras de Estado (transición nacional)». El nivel de acierto fue tal que únicamente «falló», precisamente, en lo que afectaba a la propia Rovira, quien pasó a ser designada portavoz de Junts pel Sí. A esa importante reunión acudieron también Francesc Homs, condenado por su participación en la consulta ilegal del 9-N, Carles Viver, Joan Vidal y Josep María Jové.

La participación de Rovira fue in crescendo en todo lo que afectaba a la preparación del camino para la celebración del referéndum ilegal y culminar con la declaración de independencia. De esta forma, según consta en las anotaciones recogidas en la agenda, Jové, participó en una reunión el 23 de febrero de 2016 junto a la «plana mayor» del «procés», relativa también a la «hoja de ruta», en la que se plasmaron «las fases y secuencias del proceso de independencia, una de las cuales era la tramitación de las leyes de ruptura». Dada la trascedencia del tama tratado, debía contar con el aval de los principales implicados; y por ello acudieron, además de Rovira, Carles Puigdemont, Neus Munté, Raül Romeva, Joan Vidal, Jordi Turull, Artur Mas, Oriol Junqueras y Jové.

En cuanto a Marta Pascal, su papel, pese a que formaba parte igualmente del citado «Comité Ejecutivo», a priori, parece que fue menor, al menos es lo que parece desprenderse de las invesigaciones de la Guardia Civil. Su preocupación era todo lo relacionado con la defensa de Cataluña, una vez alcanzada la soñada independencia. En este sentido, abogó por que contase con un Ejército propio y la integración en la OTAN; a la vez que consideraba necesaria la colaboración con el sector privado en materia de Defensa.

La ANC ha anunciado que asumirá el pago de la fianza de 60.000 euros que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha impuesto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Fuentes de la entidad han explicado que la harán efectiva entre el miércoles y jueves, cuando acabe la ronda de comparecencias ante este tribunal que tienen que hacer esta semana varios líderes soberanistas.

Los fondos saldrán de la caja de solidaridad que en su día impulsó la ANC, que se nutre de donaciones ciudadanas y que se emplea para las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista. La ANC ya asumió en su día el pago de las fianzas de los consellers cesados que fueron encarcelados, de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana.

Tras la declaración de Rovira, este lunes también comparece ante el juez la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; este martes están citados Artur Mas y Neus Lloveras (PDeCAT) y el miércoles Anna Gabriel (CUP).