Política

Caso Gürtel

El juez interrogará a tres subordinados de López Viejo en el Ayuntamiento de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará el próximo 19 de noviembre en el marco del "caso Gürtel"a tres responsables del Departamento de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid que trabajaron en los años 2002 y 2003 a las órdenes del entonces concejal Alberto López Viejo.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez cita al que era jefe del Departamento de Limpieza Urbana del Consistorio, Amadeo Hernández García; al responsable de la División de Limpiezas, Luis Antonio Morales; y al jefe de la Sección de Limpieza, Abel Arias Rancaño.

El magistrado instructor quiere preguntar a estos tres testigos por la tramitación de un contrato de "gestión del servicio público de la limpieza viaria en diez zonas de la ciudad de Madrid"que está bajo sospecha por su adjudicación a empresas relacionadas con la trama 'G~rtel'.

También tiene previsto interrogar el mismo día 19 al empresario Pedro Pérez Fernández de la Puente, al que quiere preguntar "en relación con las inversiones que habría realizado"junto al presunto cabecilla de la "trama Gürtel", Francisco Correa, y el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

Estas inversiones se realizaron, según consta en el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, a través de las empresas Freetown Comercio e Servios e Itelsa Developement Group Corp.

El negocio de los purines

En su resolución el magistrado también solicita al Punto Judicial Neutro información sobre "el domicilio y estado"de Ramón Roca Boncompte --vinculado al grupo Ros Roca y fallecido en 2004-- y da cinco días a un notario para que aporte una copia de la escritura pública de compraventa de participaciones de la entidad Langa de Duero Enercorr XXI otorgada a favor de la mercantil Spinaker 2000.

Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que forma parte del sumario, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado Jesús Merino y otros imputados el procedimiento favorecieron los intereses del grupo empresarial Ros Roca tanto en España como en el exterior.

El grupo empresarial creó la sociedad Langa Duero Enercorr XXI para adjudicarse una planta de purines en Soria y el grupo de Correa y Bárcenas participó a través de la sociedad Spinaker 2000, a la vez que hicieron las gestiones necesarias para asegurarles el contrato.