El juez llama a declarar a Chaves y Griñán el 16 de marzo por los ERE

El juzgado que instruye el caso de los ERE ha llamado a declarar como investigados, antes imputados, a los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán para «garantizar suficientemente» su derecho de defensa.

Ha sido necesario que la Fiscalía Anticorrupción solicitase en dos ocasiones las comparecencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán para que el juez Álvaro Martín Gómez, quien instruye la pieza principal por el caso del fraude de los ERE y está destinado en el Juzgado número 6 de Sevilla como magistrado de apoyo, cite a declarar como investigados a los dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía. En este procedimiento se investigan posibles irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la Junta entre 2000-2012, las cuales, en un principio, tenían que ir dirigidas a empresas en crisis, pero que, en no pocos casos, fueron beneficiarias de las mismas quienes no tenían derecho a ellas y fueron incluidas en las empresas afectadas por los ERE personas con las que no tenían vinculación alguna, por puro «amiguismo», según se ha denunciado desde diversas fuentes.

Será el miércoles día 16 cuando Chaves y Griñán acudan, en calidad de investigados –la actual denominación de imputado– para dar explicaciones de sus conocimientos sobre el sistema utilizado a la hora de otorgar esas ayudas. Ese mismo día, también declarará, en la misma condición, el ex consejero de Empleo José Antonio Vieira; mientras que el 30 de marzo han sido citados, igualmente como investigados, Gaspar Zarrías, ex consejero de Vicepresidencia y «hombre fuerte» de Manuel Chaves, así como los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila.

En la providencia dictada al respecto por el magistrado esgrime que es «necesario que sean oídos, en calidad de investigados», quienes no habían declarado todavía en ese procedimiento, porque la competencia en lo que les afectaba correspondía bien al TSJ andaluz –en los casos de Martínez Aguayo y Antonio Ávila– o bien al Tribunal Supremo, en cuyas sedes sí declararon en su momento. Y ello, para garantizar su derecho de defensa y el principio de igualdad de partes ante el proceso en curso.

La petición de que Chaves y Griñán declararan la efectuó en un primer momento el fiscal ante la jueza Bolaños, antes de que en noviembre del pasado año decidiera incoar una pieza separada dentro del procedimiento específico de los ERE. Al no obtener respuesta, la reiteró el pasado 26 de enero, y en la misma entendía que esa diligencia era del todo «necesaria» respecto a quienes no habían declarado en el juzgado hasta que la titular de la misma. En esa nueva solicitud, que ahora sí ha sido aceptada, una vez recibida una documentación previamente requerida, también se instaba a la necesidad de que declarasen los ex aforados ante el TSJ andaluz.

Todo parece indicar que tanto Chaves como Griñán mantendrán las versiones que ya ofrecieron en el Tribunal Supremo. Así, ambos insistirán en que en ningún momento conocieron que se hubiese podido utilizar un sistema fraudulento para la concesión de esas ayudas. En este sentido, el ex presidente andaluz afirmó que «nunca, jamás se adoptó en el Gobierno que presidía una decisión ilegal», y que ni «conoció» ni «podía conocer» los convenios que regulaban las subvenciones y ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo, porque los mismos no pasaban por el Consejo de Gobierno.

Quien sí tendrá un respaldo es Griñán, de quien fuera su viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que reiterará que nunca le informó de las advertencias que hacía llegar a la consejería el interventor: «Yo recibí los informes y nunca se lo comenté», declaró ante el TSJ andaluz, asumiendo, de este modo, las consecuencias, pero viniendo a exculpar a su «jefe».