El juez Pedraz cita a la cooperante secuestrada nueve meses en Mali

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz –que investiga el secuestro de los cooperantes españoles Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons en octubre de 2011 en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (sur de Argelia)– ha citado a declarar mañana a las 10:30 horas a Fernández, una vez recibido el visto bueno de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, que el pasado 27 de noviembre certificaron que la voluntaria está en condiciones de declarar sobre sus nueve meses de secuestro. En la providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado cita a Fernández, a instancias de la Fiscalía, en su condición de perjudicada en el marco de las diligencias previas abiertas para esclarecer las circunstancias del secuestro y posterior liberación. La comparecencia del otro cooperante está pendiente de que los médicos avalen que Gonyalons está en plenas condiciones para afrontar un interrogatorio.

Los dos cooperantes fueron liberados el pasado 18 de julio por miembros del grupo terrorista Movimiento de Unidad y Yihad en África Occidental (Muyao) en las inmediaciones de Gao, a 1.200 kilómetros al noroeste de Bamako, la capital de Mali. Sus captores habían reclamado para su puesta en libertad el pago de una cantidad estimada en 30 millones de euros y la liberación de varios presos yihadistas, alguno de ellos implicado en la propia captura de los voluntarios españoles. La mediación de Burkina Faso entre el Gobierno español y los terroristas fue clave en la liberación.

Pedraz pretendía arrojar luz sobre la resolución del cautiverio pero el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –como ya hizo cuando el mismo magistrado solicitó su colaboración en la investigación del secuestro del buque «Alakrana»– denegó cualquier información al respecto amparándose en su condición de secreta, que obligaría al Gobierno a desclasificarla. El juez quería que el CNI le aclarase la posible participación de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y agentes de los servicios secretos en la negociación con el grupo terrorista y que le identificase a otros posibles intervinientes. Al mismo tiempo, preguntaba por el pago de un posible rescate y su cuantía. Pero el CNI se amparó en el carácter reservado de los documentos para negarle ese auxilio.

En la comparecencia, Pedraz informará a la cooperante de su derecho a personarse en el procedimiento en su condición de perjudicada, algo similar a lo que hizo con los marineros del «Alakrana».

La Fiscalía solicitó el pasado noviembre al magistrado que pidiese a Policía y Guardia Civil el vídeo de la «prueba de vida» –recibido por la agencia France Press en Bamako el 17 de diciembre de 2011– con el que los secuestradores acreditaban que los secuestrados seguían sanos y salvos.