El juez podría decidir sobre los aforados tras la fecha tope de la investidura

Díaz no tiene aún garantizada su investidura y acusa a Rajoy de no permitir la «estabilidad» en Andalucía.

El calendario de la causa de los ERE que se sigue en el Tribunal Supremo tiene, hasta estos momentos, una fecha en rojo: 21 de abril. Ese día está citada a declarar, como imputada –en la misma condición que lo harán los otros cuatro aforados–María del Mar Moreno, ex consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía cuando ésta la presidía José Antonio Griñán. Y lo hará en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones «con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa autonomía, así como las prestadas a personas físicas». Con anterioridad, habrán pasado por el Supremo José Antonio Viera –hoy mismo–, José Antonio Griñán –el próximo jueves–, Manuel Chaves –el día 4– y Gaspar Zarrías, dos días después. Todos ellos solicitaron declarar de forma voluntaria ante el instructor, para dar su versión sobre los hechos investigados.

A partir de la mencionada fecha del 21 de abril, todo hace indicar que el instructor llevará a cabo otra serie de diligencias, bien de oficio o porque acepte algunas de las que soliciten las partes. Entre ellas, según fuentes jurídicas, se encontraría las declaraciones de los peritos del IGAE, por los dos informes aportados a la causa; así como las de los dos catedráticos que elaboraron el informe para la defensa de Griñán. Esas testificales se antojan como indispensables para determinar si, como sostienen los peritos de la IGAE y la jueza Alaya, el sistema seguido en las concesiones de ayudas fue del todo irregular y los ex presidentes y demás aforados tuvieron que conocerlo o incluso, en algún caso, permitirlo.

Estas diligencias, junto con otras que se puedan practicar, son las que deben llevar al instructor decidir si insta la petición de los correspondientes suplicatorios al Congreso y/o Senado para actuar penalmente contra todos o algunos de los aforados. Todo ello es difícil que se pueda concluir antes de que finalice el plazo para que Susana Díaz sea investida Presidenta de la Junta de Andalucía, y máxime teniendo en cuenta el sistema de recursos existentes.

En el caso de salvar los escollos judiciales, algo improbable, a Díaz le quedarían por sortear las exigencias políticas de los cuatro partidos con representación parlamentaria. De momento, a partir de mañana se retomarán los contactos entre los partidos políticos. El primer gran escollo es la constitución de la nueva Mesa del Parlamento. Por ley hay siete miembros que deben repartirse los partidos con representación en la Cámara. El PSOE ha puesto como condición «innegociable» hacerse con tres de los puestos, incluyendo la Presidencia. El resto de grupos tendría solo uno.

La sesión constitutiva de la nueva Cámara andaluza está fijada para el 16 de abril. Una vez conformado, se procederá a la sesión de investidura en fecha aún por determinar aunque con un tope máximo de 15 días. Después de ese Pleno, y si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, se convocará otro en 48 horas en el que es suficiente alcanzar la mayoría simple. Desde entonces, habrá dos meses para negociar, antes de una nueva convocatoria de elecciones. Existe margen de tiempo suficiente para alcanzar acuerdos aunque a día de hoy no parezcan fáciles. Por si acaso, la presidenta en funciones desveló cuál será su estrategia en el caso de que no alcance su investidura: culpar a Rajoy por no permitir que exista «estabilidad» en Andalucía.