El juez que denunció torturas a etarras apoya ahora liberar a Zulueta

La Sala de la Audiencia decidirá en los próximos días si aparta a De Prada

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien llegó a manifestar en una mesa redonda, durante su intervención en un foro celebrado en Tolosa, el pasado mes de abril, que en España se habían producido casos de torturas, esgrime en el escrito que presentó a las recusaciones planteadas contra él por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el ex concejal de UPN Miguel Ángel Langarica, que su intervención no fue en ningún caso como magistrado, sino que «se trataba de opiniones en mi condición de ciudadano de la sociedad civil». En el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, De Prada destaca que expresó «de forma clara y rotunda, para que no existiese ninguna clase de equívoco», que lo hacía a título personal, no como juez.

Junto a ello, y con el objetivo de «aclarar y acabar con especulaciones», asegura que sus «reflexiones y comentarios, realizados con mayor o peor fortuna», sólo deben interpretarse en el sentido de «debate de ideas y planteamientos políticos criminales críticos, y enmarcarse estrictamente en ese ámbito», sin que pueda entenderse como un posicionamiento jurisdiccional o «interés espurio».

Estos argumentos no parece que hayan convencido a la Fiscalía, quien ha solicitado que se admitan las dos recusaciones por falta de imparcialidad, y que, por tanto, no forme parte del tribunal que debe juzgar y sentenciar dos procesos de terrorismo.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha rechazado la libertad de la abogada Arantza Zulueta, procesada por integrar el frente de cárceles de ETA «KT». La decisión ha sido adoptada con los votos de los magistrados Concepción Espejel y Julio de Diego, y la oposición de José Ricardo de Prada.

Uno de los argumentos que esgrime De Prada en su voto particular es el contexto de «cese evidente de la actividad terrorista por parte de ETA.