El juez que redactó la Constitución catalana, a un paso de la expulsión

El juez Santiago Vidal, que participó en la redacción de la Constitución catalana, puede verse obligado a colgar la toga en breve.

El juez Santiago Vidal, que participó en la redacción de la Constitución catalana, puede verse obligado a colgar la toga en breve. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Fonseca, ha hecho suya la petición de la Fiscalía de sancionar con la separación de la carrera judicial al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona por la comisión de dos faltas muy graves al haber llevado a cabo actividades incompatibles con su condición de magistrado, «de naturaleza puramente política», y por la «ignorancia inexcusable» en el cumplimiento de sus obligaciones. La última palabra, no obstante, la tendrá el Pleno del órgano de gobierno de los jueces tras conocer los argumentos del polémico magistrado.

En el escrito con el que concluye el expediente disciplinario incoado el pasado 9 de octubre, Fonseca reprocha a Vidal su participación en «un grupo de trabajo de composición heterogénea» cuyo objetivo era «elaborar y redactar una Constitución catalana» que debía servir «de modelo» a los promotores de un referéndum independentista en Cataluña «con independencia de que esa consulta pudiera o no celebrarse».

Vidal, dice el responsable de los expedientes disciplinarios, «se ha involucrado de forma consciente, notoria y permanente en un proceso de tipo político», propugnando «activa y públicamente en un contexto mediático y político» la «derogación» del orden constitucional. Y lo ha hecho, subraya, «con reiteradas y significativas intervenciones públicas, fomentando y auspiciando conductas antijurídicas como la desobediencia civil».

Fonseca sostiene que, aunque la condición de juez, «no impone un compromiso político y personal en defensa de la Constitución», sí implica la obligación de no poner en peligro los principios sobre los que la Constitución se sustenta.

Del mismo modo, rechaza que su actuación pueda encuadrarse en el derecho a la libertad de expresión. La independencia del Poder Judicial, subraya, «es un bien de rango constitucional que habilita limitar la libertad de expresión» de los magistrados.