El juez Yusty intenta retrasar los planes para la exhumación

No contempla archivar el caso mientras no se le notifique la decisión del Supremo y preguntará a las partes sobre el futuro de su causa.

El Tribunal Supremo dejó en teoría el camino expedito para que el Gobierno lleve a cabo ya la exhumación de Franco. Despejó dudas sobre la oposición de la Iglesia y reafirmó que ante la decisión del Ejecutivo debía echarse a un lado el juez José Yusty Bastarreche,que decidió una medida cautelarísima que impedía actuar en la sepultura del dictador en el Valle de los Caídos.

Sin embargo, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dejado claro que el procedimiento sigue «vivo» y se tomará sus tiempos, lo que retrasará sin duda cualquier actuación en Cuelgamuros, contemplada por el Ejecutivo para antes de las elecciones del 10 de noviembre.

En la sentencia que desestimó el recurso de los nietos de Franco, el Supremo consideró que los trabajos para levantar la losa no necesitan licencia municipal al haber sido acordados por el Gobierno, al tiempo que negó que la apertura de la lápida de Franco sea una «obra mayor». Pero fuentes jurídicas han informado de que la alusión directa del Alto Tribunal a Yusty no salva con carácter inmediato la cuestión de la ejecución de la exhumación. Y mientras esté en vigor la medida cautelarísima del magistrado, que es competente e independiente para resolver el asunto de la licencia, nada se puede hacer.

Previsiblemente, la Abogacía del Estado, personada también en la causa del Supremo, pida el archivo del procedimiento por pérdida sobrevenida de objeto.

Por el momento, el juez ha dado ya el paso de solicitar a la secretaría del Alto Tribunal que le remita copia certificada de la sentencia, un cauce habitual. Una vez reciba esta resolución, Yusty Bastarreche tiene la intención de estudiarla en profundidad para ver en qué afecta a su procedimiento antes de dar traslado a las partes, que son un particular próximo al entorno de los Franco y la Abogacía del Estado. El juez, que tenía este mes señalada la vista para estudiar el asunto, les concederá un plazo de 10 días laborables para que respondan.

Solo entonces tomará una decisión, que no podrá contradecir al Tribunal Supremo, puesto que este ha dado el visto bueno al Gobierno para el traslado. El Alto Tribunal fue muy claro sobre qué tipo de trabajo hace falta para sacar el féretro – «no infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor»–, pero más aún respecto a la autoridad en este escenario: «La obra no necesita licencia municipal al ser acordada por el Consejo de Ministros».

Fuentes jurídicas consideran que la causa del magistrado está abocada a decaer, otra cosa es el tiempo que tarde en cerrar el asunto y los plazos que agote hasta ese momento.

El pasado febrero, Yusty aceptó las medidas cautelarísimas dirigidas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos mortales del dictador.

En su auto, el juez de lo Contencioso-Administrativo subrayaba que «existen dudas acerca de las condiciones de seguridad» para sacar a Franco. «Se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso», decía Yusty entonces.

Mientras, corre el tiempo hacia el 10 de noviembre, y el Gobierno quiere llevar a cabo la exhumación antes de la campaña electoral. Desde la Fundación Franco señalaron ayer que «todo lo que sea retrasar ese momento es bueno», aunque son conscientes de la dificultad de detener lo que parece inevitable.

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